El juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha llamado a declarar a Isabel Ambrosio, exalcaldesa de la ciudad, y ha abierto diligencias contra ella y su marido por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por una obra que habrían acometido en una finca de su propiedad, compuesta por dos parcelas catastrales ubicadas entre los términos municipales de Obejo y Villaviciosa. Una parte de la finca estaría ocupando, según algunos informes, un terreno de dominio público y especial protección, al formar parte de la vía pecuaria de la antigua Cañada Real Soriana.

La Fiscalía envió al juzgado la denuncia sobre la supuesta comisión de un delito urbanístico por haber construido, sin que constara licencia y en un terreno de especial protección, un zuncho (una zanja), como ha reconocido la portavoz socialista. No obstante, en la denuncia policial que activó esta causa se advierte también de la construcción de muros "con unas medidas aproximadas de 70 metros” y de una piscina de 7x4 metros con escalera. En su defensa, Ambrosio solo ha presentado alegaciones sobre la construcción del zuncho ya que las diligencias se centran en esa obra y entiende que el resto de reformas que se llevaron a cabo --por ejemplo, la piscina, que ya existía, pero ha sido remodelada-- son "legalizables".

Reproducción de una de las fotografías de la piscina que consta en la denuncia de la Policía.

Asimismo explica que desde hace años existe un conflicto acerca de a qué municipio pertenece la parte de la finca donde está la piscina (si a Obejo o si a Villaviciosa) y que cuando se aclare podrá solicitar la legalización de la obra. A instancias de este periódico, la alcaldesa de Villaviciosa, Gema González, ha indicado a CÓRDOBA que, según los técnicos de su Ayuntamiento, ninguna de estas parcelas estaría en su término municipal y constata que no se solicitó permiso para la ejecución de obras.

El Ministerio Fiscal se ha basado en parte en la denuncia interpuesta por una pareja de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía que levantó acta de esas construcciones al encontrar en la finca a una empresa de construcción acometiéndolas en marzo del 2020. También obra en poder del juzgado un informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba, realizado a petición del Ayuntamiento de Obejo tras conocer la denuncia policial, en el que se recomienda al Consistorio paralizar la obra y adoptar medidas cautelares previstas en el artículo 42 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Dicho informe sostiene que algunas de las actuaciones realizadas son "incompatibles con la ordenación urbanística" y que se podría haber infringido el artículo 219 de la LOUA por infracción grave. Otras, como la de la piscina, son "compatibles con la ordenación urbanística" si bien podrían ser constitutivas de una infracción urbanística. Además, la Diputación recoge que las obras se hicieron "sin licencia" y se recomendaba al Consistorio de Obejo iniciar un procedimiento sancionador para la reposición de la realidad física alterada en la parcela donde se ejecutó el zuncho. También se propone girar información al Ayuntamiento de Villaviciosa, siendo esta una cuestión no baladí.

El TSJA dice que ya han sido llamados a declarar

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informan a CÓRDOBA de que tanto Ambrosio como su marido "han sido llamados ya a declarar en calidad de investigados", pero que dicha declaración tuvo que suspenderse y se está a la espera de un nuevo señalamiento. Por contra, la portavoz socialista, que ha presentado alegaciones y solicitado el archivo de la causa al entender que lo que se desarrolló en la finca fue "una obra menor", indica que las diligencias se abren solo por la construcción de un zuncho en suelo de especial protección, y al considerar que la calificación del suelo donde intervino no tiene ya ninguna protección urbanística.

La denuncia que la Policía Adscrita remitió a la Fiscalía y ha desencadenado este caso es de marzo del 2020 y las obras a las que alude habrían comenzado en enero de ese año en dos parcelas: una de ellas ubicada en Obejo, con una parte de su suelo de dominio público y protegido urbanísticamente (Cañada Real Soriana) y otra de suelo urbanizable de uso industrial incompatible con usos residenciales, y otra parcela ubicada en Villaviciosa, de suelo urbanizable. Ambas integrarían la finca.

Terreno protegido o no protegido

Este extremo ha sido negado por Ambrosio al asegurar que el terreno donde realizó la obra cambió su clasificación y que ya era “urbanizable e industrial” en su conjunto y no de especial protección como vía pecuaria, tal y como sostiene el informe del SAU de Diputación. Ese no es el único organismo en sostener ese criterio, ya que la Consejería de Fomento, en otro informe firmado por el jefe de Medio Ambiente y remitido a la Fiscalía, también sostiene que la parcela de la vía pecuaria está en “suelo no urbanizable y de especial protección”, mientras que el Catastro recoge, además, que esa parcela que atravesaría la Cañada Real Soriana sería de titularidad pública.

Las licencias de obra

Al margen del presunto delito contra la ordenación del territorio, está la cuestión de si las obras se realizaron sin permiso municipal. En su denuncia, los agentes recogen que en el momento de la inspección “se encuentran en la parcela una empresa constructora realizando trabajos de construcción de una piscina, un muro y zunchos” y que el responsable de la constructora no pudo determinar si poseía licencia de obra para ello. Ambrosio, por su parte, ha defendido que solicitó al Ayuntamiento de Obejo licencia para hacer obra (en ningún momento ha hablado del Ayuntamiento de Villaviciosa), pero que el Consistorio no le respondió entendiendo "el silencio administrativo como positivo", por lo que inició los trabajos. En la denuncia, además, los agentes dejan anotada la construcción de zunchos "al parecer para la realización de más muros, con unas medidas aproximadas de 70 metros" en sendas parcelas. Asimismo significan que la parcela objeto de inspección se encuentra perimetrada en su mayoría por una valla metálica a lo largo de sendas parcelas. Todos los informes que obran en poder de este periódico dan por hecho que las obras se hicieron sin licencia.