La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, salió ayer al paso de la polémica suscitada a raíz de un documento suscrito por colectivos sociales que, el martes al mediodía, un día antes de que se cumpliera el plazo de 10 años de la inmatriculación de la Mezquita por parte de la Iglesia (fecha tope para revertir el título de propiedad por usucapión) plantearon "la posibilidad de registrar el monumento a nombre del Ayuntamiento". Ambrosio explicó que dicho documento se presentó a última hora y sin relación de firmas, por lo que criticó "la improvisación y las prisas", considerando que "esta manera de hacer las cosas no es la mejor". El listado de colectivos firmantes se registró finalmente ayer a las 13.56 horas, sin la inclusión de IU y Ganemos, cuyos responsables políticos municipales salieron horas antes a la palestra para defender la necesidad de agotar esta vía. La alcaldesa señaló que, tras realizar las consultas oportunas al gabinete jurídico municipal, parece que "no hay título alguno" que permita inmatricular el monumento a nombre del Ayuntamiento y aclaró que, aunque sigue reivindicando "la titularidad pública" de los bienes "indebidamente inmatriculados por la Iglesia" y, pese a que "comprende y se suma a hacer todo lo posible para que la Mezquita--Catedral vuelva a ser de titularidad pública", cree que "esta forma de hacer las cosas no es la mejor". Tras unas primeras declaraciones en las que daba por zanjada la cuestión, por la tarde volvió a introducir la duda y dijo que el Ayuntamiento está a la espera del informe jurídico definitivo y que "hay juristas que piensan que el plazo de 10 años de la inmatriculación sigue abierto". Entre los colectivos firmantes del documento están CCOO, el Frente Cívico, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Redes Cristianas o Córdoba Laica.
El teniente alcalde de IU, Pedro García, contradijo a Ambrosio al asegurar que aunque se considere "difícil" reclamar la titularidad municipal de la Mezquita, "no es imposible", por lo que seguirá buscando "cualquier resquicio legal para recuperar lo que es de todos los cordobeses". En este sentido, recalcó que "ya que ni el Gobierno central ni la Junta quieren ir más allá", el Ayuntamiento debe intentar "llegar a las últimas consecuencias jurídicas, administrativas, políticas y legales para revertir la propiedad". En cuanto a la gestión del monumento, criticó "la desvirtualización del edificio" y consideró que la Iglesia no es respetuosa con la historia del edificio. Ni IU ni Ganemos suscribieron el documento presentado a Ambrosio, pero ambos dijeron apoyar la reivindicación. El concejal de Ganemos Alberto de los Ríos insistió en que el PSOE "debe cumplir el acuerdo de gobierno" que en el punto 40 habla de reclamar "la titularidad pública de la Mezquita-Catedral por parte del Consistorio", algo que Ganemos e IU, a diferencia del PSOE, creen que pasa por reclamar la titularidad municipal del edificio. Según De los Ríos, que diferenció el plano político y el jurídico, "es el momento de actuar con valentía, incluso desafiar a las leyes". Aludiendo a informes ajenos a la asesoría jurídica municipal, cuya autoría no desveló, aseguró que "hay resquicios para plantear la cuestión". Se trataría, explicó, de "plantear un conflicto jurídico" que llevara el caso ante un juez para que éste revisara la inmatriculación realizada en el 2006.
El Cabildo rehusó hacer declaraciones.
