La empresa Tanatorios de Córdoba informó ayer sobre sus alegaciones en la Gerencia Municipal de Urbanismo, ente que debe conceder licencia a Cecosam para la construcción de un tanatorio en el cementerio de San Rafael, por considerar que el proyecto es «un auténtico fraude de ley». Esta empresa considera que la actual normativa urbanística y mortuoria hace «imposible» llevar a cabo esta iniciativa, porque va en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En un comunicado, Tanatorios de Córdoba, la empresa mayoritaria en el sector funerario y que se opone de plano a la construcción de un nuevo tanatorio, insiste en que el documento urbanístico no permite expresamente la construcción de un tanatorio en suelo urbanizable y que dar el visto bueno a este tipo de iniciativa implica hacer «una interpretación fraudulenta» de la norma.

En sus alegaciones, la empresa critica que desde el Ayuntamiento de Córdoba se está intentando «enmascarar la construcción de un tanatorio dentro de un proyecto de sala de velatorio», algo que es «imposible», a su juicio, con la actual normativa. Además, considera que la iniciativa de Cecosam --de la que ya hay proyecto urbanístico firmado por el arquitecto Rafael Castelló y cuyas obras está previsto iniciar en verano-- incumple el reglamento de calificación ambiental, porque «omite las distancias con los edificios colindantes», que están a menos de 50 metros, y no contempla aparcamientos, pese a que cualquier infraestructura debe hacerlo. Es más, consideran que el lugar (la ubicación del tanatorio está prevista en la esquina del cementerio ubicada en el cruce de la avenida de Libia con la avenida de Barcelona) sufrirá «un aumento del tráfico rodado».

En sus alegaciones, Tanatorios de Córdoba considera que solo cabe «una resolución desfavorable», por parte de Urbanismo «por razones de fondo y por la falta de documentación», al tiempo que recuerda que la de los tanatorios es una actividad liberalizada: «No es en ningún modo un servicio público, sino una actividad confiada a la iniciativa privada». En este sentido, defienden que si una administración pública decidiera realizarla, como es el caso de Cecosam, «tendría que hacerlo tras seguir un determinado procedimiento y sobre todo concurriendo con las empresas privadas en igualdad de condiciones. Es decir: sin privilegios de ningún género ni financiación pública como impone la Unión Europea y el Derecho español».