La decisión de acogerse al preconcurso de acreedores adoptada el martes por la sociedad que gestiona el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 es considerada por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, «un mal menor para evitar males mayores». Es la segunda vez en tres años que Rabanales 21 se adhiere a la Ley Concursal para intentar buscar soluciones para el parque. Ambrosio recordó que «la decisión se tomó por unanimidad de los socios que forman parte del consejo y evita ir a una situación que no tenga marcha atrás».

La alcaldesa pidió el viernes mayor implicación en la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo a los socios con más representación en Rabanales 21 y cree que ese mensaje «se ha tenido en cuenta». A partir de ahora el Ayuntamiento coordinará un grupo de trabajos que determinará las medidas a adoptar. Ambrosio insiste en que «el Ayuntamiento tiene interés en hacer de este equipamiento algo sostenible en el tiempo, para que siga jugando el papel de desarrollo de la economía de la ciudad y evitar tener que andar con estos riesgos y amenazas en el futuro más inmediato».

Por su parte, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, considera que el preconcurso de acreedores «es la consecuencia manifiesta de la incapacidad del gobierno local de sacar los grandes proyectos de ciudad». Fuentes recuerda que hace un año la alcaldesa «asumía la responsabilidad de sacar adelante el parque y ha sido un fracaso absoluto que pone de manifiesto su política de brazos caídos». Fuentes explica que la alcaldesa «tiene ahora 120 días para sacar adelante un proyecto de ciudad». El PP se ofrece a colaborar con el equipo de gobierno para intentar salvar el parque, en el que «estamos todas las administraciones implicadas».

Por otro lado, el diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, exige al Gobierno central que autorice la reestructuración de la deuda del parque para facilitar la consolidación y ayudar a eliminar las tensiones de tesorería que padece. Hurtado señala que Rabanales 21, al igual que otros parques como el de Barcelona, Lleida, Granada, Madrid o Almería, tiene una importante deuda con el Ministerio de Economía, aunque el de Córdoba «es de los menos endeudados, con 4,5 millones de euros». Esta deuda, recuerda Hurtado, deriva de préstamos o anticipos concedidos por convocatorias desde el año 2000 que no se han podido pagar como consecuencia de la crisis y de las dificultades para vender suelo. Añade que hasta ahora solo se han establecido moratorias o aplazamientos para las cuotas impagadas, con la exigencia de avales y garantías, por lo que en la mayoría de los casos no se han podido conceder a los parque tecnológicos. Esto hace, según Hurtado, que las cuotas impagadas estén llegando en algunos casos a órdenes de embargo por parte de Hacienda.

El parlamentario andaluz de Podemos, David Moscoso, acusó ayer a la Junta de la situación del preconcurso, ya que en junio el Parlamento acordó, a propuesta del grupo, el rescate financiero del parque con una recapitalización de 10 millones. El acuerdo, señala, era una «válvula de oxígeno» pero el único partido que votó en contra fue el PSOE.