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AYUNTAMIENTO

El alcalde ofrece a la oposición pactar las cuentas de dos años para salir de la crisis

El equipo de gobierno quiere aprobar el documento que negoció con Vox y no contempla hacer otro como ha pedido el PSOE

 

Paula Badanelli, Isabel Albás, José María Bellido y Salvador Fuentes, en un pleno. - A.J. GONZÁLEZ Paula Badanelli, Isabel Albás, José María Bellido y Salvador Fuentes, en un pleno. - A.J. GONZÁLEZ

Irina Marzo Irina Marzo
03/04/2020

El alcalde, José María Bellido, ha dicho hoy, en declaraciones a Radio Córdoba, que su intención es buscar «un gran acuerdo» con todos los partidos para comprometer el gasto local de los dos próximos años y que se pueda hacer frente a la crisis con el documento económico más importante de los ayuntamientos: el presupuesto municipal. La intención del equipo de gobierno es seguir con la tramitación de las cuentas y modificarlas una vez aprobadas para ajustarse a las nuevas necesidades, pero no hacer un nuevo documento como les había sugerido el PSOE. El regidor informará el sábado a los portavoces municipales de su intención y les pedirá su apoyo en tiempos de gran incertidumbre económica. 

Es más, el gobierno local quiere que ocurra ya, y de hecho ayer se baraja la semana después de Semana Santa para la celebración del pleno. La idea es aprobar cuanto antes el presupuesto y, después, modificarlo para dar prioridad al gasto social, a un plan de reactivación económico (mantenimiento del empleo y fortalecimiento tejido empresarial) y al mantenimiento de las empresas publicas, con planes de contingencia para que mantengan el servicio y los empleos (aquí, a diferencia de otros ayuntamientos, no se ha recurrido a ERTEs).

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), no contempla por tanto otro escenario que no sea el de aprobar el presupuesto municipal que ya estaba negociado casi en su totalidad con el grupo municipal de Vox para 2020 y, después, hacer las modificaciones al documento que sean necesarias para ajustarse a las nuevas necesidades sociales y económicas derivadas de la crisis del coronavirus en Córdoba. 

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A pesar de que la oposición, en especial el Partido Socialista, había presionado al gobierno municipal para que elaborase un nuevo presupuesto, por considerar que las cuentas diseñadas antes del estallido de la pandemia han dejado de tener sentido, ni el Partido Popular ni Ciudadanos están dispuestos a aceptar esa propuesta, que consideran que no es operativa. «Hacer un nuevo presupuesto nos llevaría hasta diciembre y eso sí que supondría un auténtico bloqueo para la ciudad», asegura Salvador Fuentes. Es más, el gobierno local quiere que ocurra ya, y de hecho ayer se barajó la semana después de Semana Santa para la celebración de un pleno. La idea es aprobar cuanto antes el presupuesto y, después, modificarlo para dar prioridad al gasto social, a un plan de reactivación económico (mantenimiento del empleo y fortalecimiento tejido empresarial) y al mantenimiento de las empresas publicas, con planes de contigencia para que mantengan el servicio y los empleos (aquí, a diferencia de otros ayuntamientos, no se ha recurrido a ERTEs).

A pesar de que la oposición, en especial el Partido Socialista, ha presionado al gobierno municipal para que se suspenda el actual documento y se elabore un nuevo presupuesto para la reconstrucción económica de la ciudad, por considerar que las cuentas diseñadas antes del estallido de la pandemia han dejado de tener sentido en la actualidad, ni el Partido Popular ni Ciudadanos están dispuestos a aceptar esa propuesta porque no la ven "operativa".

«Hacer un nuevo presupuesto nos llevaría hasta diciembre y eso sí que supondría un auténtico bloqueo para el Ayuntamiento», asegura Salvador Fuentes que confía, por contra, en aprobar el presupuestos de manera definitiva en estos días y, después, modificarlo eliminando «todo aquel gasto que hoy día pueda considerarse suntuoso». Para que eso ocurra, la asesoría jurídica municipal debe ajustar los mecanismos que permitan a toda la Corporación municipal ejercer su voto por medio de sistemas telemáticos, ya que la celebración del pleno se vería afectado ineludiblemente por las medidas para la restricción de la movilidad por el estado de alarma. Para permitir este sistema, informan fuentes de la asesoría jurídica, ya hay una modificación de la ley de bases, pero los ayuntamientos tienen que regularlo a través de una modificación del reglamento orgánico.

La aprobación del presupuesto municipal del 2020 permitiría además, según la visión del responsable de Hacienda, poner en marcha las inversiones previstas que "servirán para reactivar la economía local", amén de que se pueda destinar parte del superávit del año 2019 a gasto social --el PP ya ha criticado que el Estado limite ese gasto al 20% de lo ahorrado por los ayuntamientos-- o que se incluyan partidas en el nuevo documento para cubrir las muchas necesidades sociales.  

El último trámite del presupuesto del 2020 se pasó el 12 de marzo cuando la junta de gobierno local aprobó el documento en sesión extraordinaria (la junta de gobierno local ya aprobó el anteproyecto el pasado 31 de enero). Ahora está pendiente la aprobación de las cuentas primero inicial y después definitivamente en el pleno. 

Cierre de las cuentas del 2019

Por otra parte, y aunque a raíz de la crisis del covid19 el Estado concedió una prórroga de dos meses para liquidar los presupuestos municipales, el de Córdoba ya ha aprobado las cuentas de las empresas municipales Sadeco, Emacsa, Cecosam y Aucorsa (cuyo consejo de administración vota en la tarde del viernes) y se espera que Vimcorsa y los organismos autónomos vayan cerrando sus cuentas del 2019 en las próximas semanas. La estimación de Fuentes es que el Ayuntamiento cierre el pasado año con un remanente algo superior a los 20 millones de euros. De momento, el Gobierno ha permitido a las administraciones locales dedicar solo el 20% de ese remanente a gasto social para paliar la crisis por el coronavirus, una cifra que el teniente de alcalde de Hacienda considera a todas luces insuficiente.

Asimismo, plantea como un requisito «imposible de cumplir» que el pago a los proveedores se haga en un periodo máximo de 30 días --según la norma aprobada el pasado verano-- y lamenta que por ese motivo se penalice a las corporaciones teniendo que amortizar deuda. «¿Para qué queremos amortizar ahora más deuda? El año pasado amortizamos alrededor de 28 millones de euros, pero esa no ahora es nuestra prioridad», comenta Salvador Fuentes.

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