La Asociación Empresarial de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) considera que ahora es el momento de limitar las licencias a viviendas y apartamentos con fines turísticos. El presidente de Aehcor, Alejandro Navarro, piensa que «hay que descongestionar el casco histórico» y las licencias deben concederse a la mayor distancia posible de la Mezquita-Catedral. «Queremos defender a los vecinos de la zona Patrimonio de la Humanidad, que empieza a estar congestionada con este tipo de producto», señala. La asociación, que ayer celebró la asamblea general ordinaria para aprobar sus cuentas, su presupuesto y adoptar medidas en relación al turismo en Córdoba, piensa que una declaración responsable para ofrecer en alquiler una vivienda turística «no es suficiente». Es más, asegura que en Córdoba hay ya «más plazas que se ofertan a través de las viviendas turísticas que hoteleras». «El boom ha sido tremendo en poco tiempo y es el momento de regular la actividad», señala Navarro. A su juicio, es fundamental que las viviendas turísticas se declaren como actividad económica.

La Junta no se pronunció ayer sobre las medidas anunciadas por Urbanismo para poner freno al aumento de apartamentos turísticos y viviendas con ese fin en el conjunto histórico, pero sí se refirió a los pisos clandestinos, que en Córdoba en el 2018 fueron el 46% de los que se anunciaban en las plataformas que los ofrecen en alquiler, según el estudio encargado por el Imtur y presentado el martes. La delegada de Turismo, Purificación Joyera, llamó a la colaboración ciudadana para detectar las viviendas que operan de forma clandestina, sin estar en el registro andaluz, que «son las que generan problemas de convivencia» y que son las que considera prioritario controlar. Según Joyera, hay 1.173 viviendas turísticas registradas en la ciudad y 49 en la provincia, un número que «no provoca un problema en sí mismo», asegura.

Ganemos está a favor de la suspensión de licencias. Su portavoz, Rafael Blázquez, lamentó ayer que las medidas se tomen a un mes de acabar el mandato, ya que el grupo «viene reclamando la urgencia de parar el proceso de turistificación que se da en ciertas zonas del conjunto histórico». Blázquez asegura que al inicio de la revisión del Pechpc exigieron que «tenía que haber moratoria para nuevas licencias, cosa que no quisieron entonces apoyar, pero celebramos que ahora sea eso lo que se plantea».

Por su parte, el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, considera que prohibiendo «no se solucionan las cosas» y exigió «un plan de ayudas al casco histórico para mejorar los alquileres legales persiguiendo a los ilegales». Ni el PP ni Cs dieron su opinión sobre las propuestas de Urbanismo.