Los administradores de fincas cordobeses exigen que se regulen los alquileres turísticos. El Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, presidido por Mercedes Romero Balsera, se suma a las reivindicaciones realizadas por el consejo general, que ha propuesto como prioridad la regulación del arrendamiento turístico como una actividad económica como una de las vías para acabar con los problemas que se producen por la proliferación de este fenómeno que tiene en jaque a los vecinos que conviven con la misma. Estos profesionales no quieren que toda la responsabilidad recaiga en las comunidades de propietarios, que no deben ser las que resuelvan el problema. «Si se traslada toda la decisión a las comunidades de propietarios, se añade un nuevo foco de conflictos en la complejidad que ya tienen, por sí mismas, las relaciones vecinales», señala el órgano que aglutina a los colegios.
La petición de los administradores de fincas cobra fuerza a raíz del anuncio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de rebajar de unanimidad a tres quintos la mayoría necesaria en una comunidad de vecinos para prohibir las viviendas de uso turístico a través de una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Los administradores de fincas, que participan en el grupo de trabajo constituido por el Ministerio de Industria, quieren una solución «global» al problema y que no todo el peso recaiga en las comunidades. Su deseo es lograr «el equilibrio razonable entre el derecho de los vecinos a disfrutar de sus viviendas sin molestias y el libre ejercicio del derecho de propiedad de los arrendadores». «Suscribimos todo lo indicado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas», señala Romero Balsera, con el fin de «conciliar que los vecinos no protesten y que el propietario pueda usar su vivienda como turística».
La presidenta de los administradores de fincas cordobeses detecta problemas con las viviendas turísticas en zonas como el centro, la Judería y la Ribera, que «son las más complicadas», sobre todo «los fines de semana», en los que están proliferando las despedidas de solteros. Romero asegura que las quejas de los residentes en esas zonas vienen motivadas fundamentalmente «por las molestias que se producen por los ruidos durante la noche» o por la frecuente equivocación en los porteros automáticos.
Los administradores respaldan la propuesta de que una mayoría cualificada de la comunidad tenga potestad para prohibir el uso de las viviendas con fines turísticos, aunque considera que hay que ir más allá de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y elaborar una nueva que resuelva este y otros problemas y que sea capaz de garantizar los derechos de todos. El consejo general deja claro que, si la modificación de la ley se limita al cambio de mayoría, «será incompleta». Romero es partidaria de «adaptar la ley a los nuevos tiempos y las necesidades de los edificios y de los usos». Recuerda que ahora ni siquiera hace falta un acuerdo de los vecinos en contra de los pisos destinados al turismo salvo que los estatutos de la comunidad prohíban el alquiler con ese fin. «Otra cosa distinta es que esa actividad sea molesta y que haya que pedir su cese», indica.
Una de las peticiones de cara a la elaboración de una nueva ley es la de concretar cómo llevar al Registro de la Propiedad el acuerdo de la comunidad de propietarios que recoja si permite o no las viviendas turísticas, de forma que afecte tanto a los propietarios actuales como a los futuros compradores de los pisos.
