La empresa Vías y Construcciones tendrá que reanudar las obras de la antigua Escuela de Magisterio, paralizadas desde septiembre, tras el auto del Juzgado de lo Contencioso--Administrativo número 3 que rechaza sus pretensiones. El alcalde, José Antonio Nieto, dio ayer la noticia de que el juzgado da la razón al Ayuntamiento, "al no encontrar argumentos que justifiquen la paralización", y explicó las consecuencias que tendrá la decisión, al margen de que el conflicto entre la empresa y Urbanismo continúe en el juzgado y exija pronunciamientos posteriores sobre el fondo del asunto.

El alcalde explicó que el juez "plantea que continúe la obra de manera inmediata y que se ejecute la parte que tenga que ver con la seguridad, y todo aquello que sea posible hasta que haya una resolución definitiva del procedimiento". Por ello, indicó, se trata de "una buena noticia que aclara el panorama de la gestión de los fondos europeos del plan Urban, que queremos que se empleen en el mayor porcentaje posible en la obra que se haga en la Normal". La idea del Ayuntamiento, según explicó el alcalde, es que "hasta el 31 de diciembre lo que se haga en la Normal será cubierto con los fondos Feder que se otorgaron al Urban". El 31 de diciembre es la fecha límite para que el Ayuntamiento justifique lo invertido en la actuación. Después, "del 31 de diciembre en adelante el Ayuntamiento, con recursos propios, se compromete a terminar la obra en los términos en que estaba redactada". Además, Nieto aseguró que el edificio reformado "estará en funcionamiento antes de marzo del 2017, que es la fecha tope que marca la UE para que los equipamientos financiados con los fondos Feder presten servicio a los ciudadanos". Paralelamente, el Ayuntamiento seguirá la negociación para intentar conseguir una prórroga y no perder los fondos europeos.

Tras la decisión judicial, Nieto aseguró que iba a "urgir" --ayer mismo-- a la empresa a que continúe con los trabajos "de acuerdo con los criterios que están marcados por la dirección de la obra y le vamos a pedir que no se detenga".

RECURSO La adjudicataria solicitaba en el recurso que interpuso la suspensión del proyecto modificado aprobado por Urbanismo por 365.143 euros, que afecta al refuerzo de la estructura del edificio. La empresa argumentaba que las patologías de la estructura del edificio dieron lugar a ese proyecto modificado, que, a su juicio, no soluciona el refuerzo de vigas y pilares, que no aguantarán las cargas, por lo que habrá "riesgo de colapso" durante la obra y "peligro para la seguridad de los trabajadores". Por ello, veía necesario un modificado por mayor cuantía --como mínimo el 10% de la adjudicación, que fue de 4,8 millones-- y no el realizado por Urbanismo, de menor cantidad, y "por un puro interés político" para no perder la subvención europea.

El auto no ve acreditada la inseguridad a la que alude la adjudicataria. Aunque reconoce que el edificio ha estado cerrado y casi en estado de abandono mucho tiempo, señala que desde el momento en que se licita un contrato de obra con un plazo de ejecución, reforzado por la necesidad de acabarlo en una fecha concreta para no perder las subvenciones, "el interés público es el primero que ha de protegerse", por lo que desestima la suspensión, lo que deriva en la obligación de proseguir con la obra. No obstante, el auto da un plazo de 15 días para interponer un recurso de apelación ante el TSJA.