Los siete acusados de participar en un fraude a Hacienda, valorado en cerca de siete millones de euros, a través de una trama de empresas en la que operaban, presuntamente, el grupo informático cordobés MGR y otras sociedades españolas y portuguesas negaron ayer los hechos en la primera sesión del juicio.

Durante esta vista, se puso de relieve que MGR (hoy activa) era la firma más importante del sector a nivel nacional en el momento de los presuntos delitos, su cifra de negocio se situó en 160 millones de euros y contaba con 3.600 clientes. La fiscal entiende que los procesados, «obrando de común acuerdo», actuaron «con la finalidad de eludir sus obligaciones fiscales, aprovechando la normativa comunitaria sobre IVA, en virtud de la cual las entregas intracomunitarias están exentas de este impuesto, siendo las adquisiciones intracomunitarias las que tributan como hecho imponible en el país de destino», todo ello «con la finalidad de simular ventas internacionales por parte de MGR» para «obtener beneficios fiscales». Para esto, el ministerio público sostiene que los encausados «constituyeron y aprovecharon la existencia de distintas mercantiles radicadas entre España y Portugal».

Los siete encausados declararon ante la jueza titular del Penal número 4 de Córdoba, explicando que las operaciones realizadas eran independientes y no se concertaron para cometer los delitos. De este modo, el socio mayoritario de MGR negó que participara en la gestión de la empresa, apuntando que esta labor recaía en el gerente, también imputado. Otro de los socios coincidió con el primero en negar que conociera los países con los que trabajaban y definió como «brillante» la trayectoria de la firma, que en aquel momento tenía una veintena de trabajadores.

De otro lado, el entonces gerente negó las relaciones comerciales entre distintas empresas implicadas y afirmó que las operaciones intracomunitarias nunca recibieron una objeción de Hacienda. También defendió que no se ocultaron actuaciones ni se manipularon documentos de entrega de mercancías. Su abogado defensor, José Daniel Pérez, apuntó a este periódico que el juicio finalizará previsiblemente el próximo viernes.

La acusación es ejercida por la Abogacía del Estado y por el ministerio fiscal. Este último solicita para todos los acusados penas que suman 30 años de prisión y 93,8 millones de euros en multas. En este sentido, considera a los socios de MGR autores de tres delitos fiscales cometidos en los años 2003, 2004 y 2006, y a los otros cuatro procesados, cooperadores necesarios. Además de esto, pide que indemnicen a la Hacienda pública en 6,7 millones de euros, la cantidad que supuestamente defraudaron. El escrito de acusación incluye a trece empresas.