El abogado de la acusación del caso de la Fundación Guadalquivir, Manuel Delgado, señaló ayer que lo conveniente en este caso sería que todas las piezas que hay abiertas en distintos juzgados se reunieran en una sola, puesto que aunque hay varias asociaciones y varias causas abiertas solo hay una contabilidad, por lo que siempre se tiene que recurrir a ella para aclarar cualquier cuestión. Delgado hizo estas afirmaciones tras abandonar la sala donde declaraban Ángeles Muñoz y su hijo, Cristian Menacho, responsables de la asociación investigada, quienes, según el abogado, se negaron a contestar a sus preguntas, pero respondieron a las del juez. Al respecto, los interrogados señalaron al salir que habían respondido a todo lo que se les había preguntado, aunque no quisieron dar su versión a los periodistas que esperaban a su salida.

No obstante, el abogado de la acusación indicó que habrá cuestiones que será difícil de demostrar pero que hay otras que están claras y demuestran el fraude cometido por las personas interrogadas, como las mordidas a las nóminas de los empleados. Asimismo, indicó que ayer quedaron claras algunas contradicciones, como es la de que el banco de alimentos solo podría recibir alimentos de un fondo y durante las declaraciones reconocieron que había productos de diversos fondos. Otra de las contradicciones, según Delgado, se refiere a uno de los interrogados, que, pese a señalar que nunca había cobrado por su colaboración, se ha constatado que «había estado dado de alta».

El abogado señaló que está claro que esta familia recibía recursos económicos de varios sitios pero no se ha podido demostrar cuál era su destino.

Tras las declaraciones de ayer, indicó el letrado, habrá que esperar a que el juzgado reciba el informe contable que se está realizando en el juzgado de instrucción número 8, que es donde está la pieza central, para ver cómo evoluciona el caso.

Por su parte, David Moscoso, diputado de Podemos en el Parlamento Andaluz, grupo que se ha personado como acusación, señaló ayer que con la denuncia presentada lo que se pretendía era «esclarecer dónde iba ese dinero que robaba a los trabajadores y trabajadoras». Recuerda al respecto que se trataba de «contratos del programa Emplea, cofinanciados con fondos europeos, dirigidos a contratar a personas en situación de vulnerabilidad, y nos parecía obsceno que esta entidad les robara una parte del salario» y que esta fundación «era una entidad afín al PSOE».

Asegura Moscoso que todo lo que se ha pedido es «razonable y legítimo» y que «jamás deberían producirse este tipo de situaciones, jugar con el dinero de los parados, para apropiárselo injusta e indebidamente».