El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, ha denunciado el incumplimiento por parte de los profesionales de los juzgados que mandan las providencias de reducir al mínimo esencial la práctica de notificaciones cuyo plazo precluya entre el 11 y 31 de agosto, tal y como recomendaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mayo con el fin de homogeneizar los criterios de aplicación del protocolo y la guía de buenas prácticas para la reanudación de la actividad judicial tras el estado de alarma.

Garrido ha explicado en rueda de prensa que tras la publicación del Real Decreto Ley 16/2020 que habilitó los días 11 a 31 de agosto para poder realizar todas las actuaciones judiciales tras el parón provocado por la crisis sanitaria, el CGPJ acordó realizar tres recomendaciones: “Limitar en lo posible las vistas orales, sin perjuicio de aquellas que deban celebrarse en atención a su urgencia; que las vacaciones de jueces y fiscales se circunscriban a agosto, lo que supondría que en ese mes hubiera menos vistas, y reducir al mínimo esencial la práctica de notificaciones cuyo plazo precluya entre el 11 y 31 de agosto.

En este sentido, el decano del colegio de Abogados de Córdoba ha expresado que “la abogacía desde un primer momento se opuso a esa habilidad del mes de agosto porque entendíamos que era totalmente inocua, no servía para desatascar en modo alguno los juzgados y para lo único que iba a servir era para infligir o conculcar el derecho al descanso de los profesionales libres que trabajan en la justicia”, es decir, los abogados y procuradores.

José Luis Garrido resalta que “en Córdoba se está haciendo caso omiso” a las recomendaciones del CGPJ ya que “a diario recibimos quejas de todos los letrados” porque las notificaciones, “sobre todo en juzgados de 1ª instancia, están siendo las ordinarias y no se está respetando, en absoluto, las limitaciones al mínimo esencial”.

Por ello anuncia que denunciará en el CGPJtodas y cada una de las notificaciones que se han recibido y que entendemos que no son esenciales” porque el incumplimiento supone “una falta de respeto a la abogacía de Córdoba, una falta de respeto a los profesionales y desde luego una falta de respeto al derecho al descanso y a la conciliación familiar” de los abogados.