La Junta de Andalucía ha abierto el trámite de audiencia del Plan Director de la Dehesa de Andalucía, un documento que aborda las características de estos ecosistemas, analiza los nuevos usos y oportunidades, realiza un diagnóstico de la situación actual y propone estrategias de actuación. Asimismo, el Gobierno andaluz ha informado públicamente de esta planificación con el fin de facilitar su conocimiento por parte de la sociedad andaluza.

El plan se ha enviado a numerosas entidades representativas o relacionadas con los sistemas de dehesa, que disponen de 15 días hábiles para presentar alegaciones, y se puede consultar en las webs de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Así, informa la Junta, se facilita y garantiza a los ciudadano de forma transparente y accesible, toda la información recogida en el citado plan. El plazo para presentar las alegaciones al decreto por el que se aprueba el Plan Director de las Dehesas de Andalucía y sus documentos asociados concluye el día 20 de febrero y se ha habilitado una cuenta de correo específica para que todos los ciudadanos e instituciones puedan hacer llegar sus consideraciones al Gobierno andaluz fácilmente a través del correo plandirectordehesas.capder@juntadeandalucia.es.

Las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente analizarán las sugerencias recibidas en este periodo con el fin de incorporar a la versión definitiva del plan aquellas que se estimen oportunas, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Se prevé que este último trámite tenga lugar este primer semestre.

Las dehesas comprenden aspectos muy diversos, son un paisaje, un ecosistema, una forma de explotación del territorio y una explotación agraria y forestal. En Andalucía hay en torno a 1,2 millones de hectáreas de formaciones adehesadas. Se estima que unas 240.000 personas viven en municipios andaluces con dehesas, en su mayoría menores de 5.000 habitantes, en los que existe un tejido agroindustrial muy vinculado a sus aprovechamientos, principalmente ganadero.

Las grandes objetivos del documento son, entre otros, mejorar la viabilidad económica de las explotaciones, impulsar la cohesión territorial y la diversificación de la economía rural.