La multinacional suiza ABB presentó el 21 de junio un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)ABBERE que, inicialmente, afectaba a 49 trabajadores de su fábrica de Córdoba y otros diez de la planta de Galindo (Vizcaya). Desde entonces, empresa y sindicatos han mantenido una docena de reuniones para tratar de llegar a un acuerdo para minimizar las bajas traumáticas que se contemplaban. Precisamente, en la madrugada del 23 al 24 se alcanzó un preacuerdo bajo la mediación del director general de Trabajo, Ángel Allué. Ahora, los 320 trabajadores de la industria cordobesa deberán tomar una decisión que no será fácil. La empresa indica que el ajuste laboral afianzará el crecimiento futuro de la compañía, pero 43 trabajadores se verán afectados por distintas medidas laborales, ya sea prejubilaciones, traslados e, incluso, despidos traumáticos (6 en Córdoba y 1 en Galindo).Durante la crisis laboral, los trabajadores de ABB han podido constatar el apoyo de los cordobeses, con adhesiones a su causa y el respaldo a la defensa del empleo industrial desde la ciudadanía, pero también desde las distintas administraciones (Junta, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento). En las semanas de negociación los trabajadores han protagonizado manifestaciones en Madrid y en Córdoba, junto a varias concentraciones, han participado en los plenos del Ayuntamiento y de la Diputación o se encerraron durante 24 horas. Además, trasladaron a la sociedad sus reivindicaciones en un emotivo vídeo (protagonizado por Curro) o clavaron 49 cruces en el cementerio que levantaron junto a las instalaciones de ABB. Ahora llega la hora de la verdad en la que la plantilla deberá decir sí o no al preacuerdo. Pero, ¿qué dice la última propuesta y que sucedería si los trabajadores la rechazan?
La propuesta
El acta final del periodo de consultas consta de 22 páginas y deberá ser refrendado el próximo martes por los trabajadores. La mediación de la Dirección General de Trabajo aceptada por las partes se estructura en cinco apartados: prejubilaciones, movilidad geográfica, recuperación de empleo externo, indemnizaciones y adscripción voluntaria. Así, el preacuerdo prevé que las medidas de extinción tendrán con carácter previo la voluntariedad, primando sobre la extinción forzosa del contrato.
En primer lugar se contemplan prejubilaciones a partir de los 55 años de los trabajadores que tienen esta edad a 1 de julio del 2019 y con más de 15 años de antigüedad, hasta un máximo de 14 trabajadores. Las condiciones aceptadas se recogieron en el acta del 18 de julio, aunque se mejoró el complemento bruto mensual, que podrá llegar hasta un máximo de 2.600 euros. La fecha máxima de adscripción será el 28 de agosto.
En el caso de las salidas incentivadas, la indemnización bruta será de 50 días por año, con un máximo de 42 mensualidades. El importe se incrementará con 4.000 euros brutos para los afectados. El pago máximo será de 150.000 euros y el mínimo de 15.000. El salario computable será el salario fijo más el último incentivo o bono recibido, dividido en 365 días. La baja mediante indemnización deberá afectar a trabajadores con edad inferior a 50 años, aunque tendrá que ser aceptada por la empresa.
El preacuerdo contempla 16 recolocaciones en cuatro centros: Zaragoza, Córdoba, Madrid y Bilbao. Así, habría 10 traslados a Zaragoza, 3 a Córdoba o Madrid y 3 a Bilbao. Para facilitar la movilidad, la empresa incluye ayudas para vivienda de mil euros brutos por mes durante una anualidad, un viaje de ida y vuelta, ayuda al traslado de 1.500 euros brutos para trabajadores sin familiares a su cargo, de 3.000 euros brutos para el primer familiar y de 1.000 euros adicionales para cada miembro de la familia. Por mudanza, el documento establece 5.000 euros y una compensación de 35.000 euros brutos. Otra de las reivindicaciones sindicales durante la negociación era que se minimizara el impacto del ERE con la internalización de procesos productivos que estaban subcontratados en otras empresas. En este capítulo se prevé la creación de 7 empleos directos y 5 indirectos. Además, se recoge una bolsa de empleo, la promoción de empleo autónomo y un plan de recolocación externa.
Si en la votación del martes se rechazara la propuesta, se establece que la empresa no estará vinculada a mantener estas condiciones.
