Alberto Rafael Patiño y su mujer, Mary Iliana Camacho, decidieron dejar atrás su Venezuela natal, la crisis económica y la situación política que vive el país, y se embarcaron en un viaje. Hicieron las maletas y llegaron a Panamá con su hija. Allí estuvieron algún tiempo, pero ante las dificultades burocráticas y de convivencia que encontraron en el país vecino optaron por venir a España en busca de nuevas oportunidades para ellos y para la pequeña de la casa.

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Llegaron a España en diciembre del 2019 y aquí solicitaron asilo con la intención de «quedarnos acá bajo el programa de protección internacional», dice Rafael. Una vez en Madrid continuaron camino hasta Córdoba, donde reside una prima de Mary. Ese mismo mes, Mary tuvo que regresar a Panamá para cerrar algún papeleo pendiente, documentos como el acta de matrimonio, necesario para tramitar toda la documentación con las administraciones.

Llegó marzo y con él la pandemia. Mary aún estaba en Panamá mientras Antonio y su hija seguían en Córdoba. El 15 de aquel mes, justo cuando comenzaba el estado de alarma en España, «mi esposa tomó el último vuelo saliente de Panamá», porque al día siguiente el país latinoamericano cerraba sus fronteras.

Atrapada en Brasil

Ante la imposibilidad de aterrizar en suelo español y la incertidumbre de qué podría ocurrir, la compañía aérea le ofreció cambiar el billete que inicialmente tenía para Madrid por otro a Sao Paulo para que desde allí intentara volar a España. No hacerlo significaba quedarse en un país con las fronteras cerradas a cal y canto. Así que aceptó la propuesta, pero desde entonces, por distintas circunstancias, le ha sido imposible regresar a Córdoba.

Ante ella tenía dos países con las fronteras cerradas. Así que se vio obligada a vivir tres meses en Sao Paulo. Sola, «entre cuatro paredes», en «una ciudad inmensa» y «con un índice de coronavirus altísimo», sin conocer a nadie, ni el idioma siquiera, cuenta Alberto desde Córdoba.

Allí fue a la embajada de España, «pero no pudimos hacer nada». Y Mary cayó en depresión.

Regreso a Panamá

Mary Logró salir de Brasil gracias a un vuelo humanitario, pero de nuevo con destino a Panamá, adonde regresó el 30 de junio. «Desde ese momento hemos tratado por todos los medios que regresara», entregando sus certificados de empadronamiento en Córdoba, la documentación de la escolarización de su hija en un instituto de la ciudad, sus cuentas bancarias en España… pero al no contar aún con el permiso de residencia, ya que el proceso de la petición de asilo y protección internacional está en trámite, «no ha sido posible la reagrupación familiar», explica Alberto.

Alberto remarca que su hija, de 12 años, echa de menos a su madre, porque «aunque está conmigo y hago lo mejor de mí, una niña necesita el contacto de su mamá». Va bien en los estudios y tiene buenos resultados académicos pero le pesa la ausencia de Mary. Pronto hará un año que no la ve.

La última vez que Alberto envió documentación a la embajada fue hace algo más quince días, vía correo electrónico. «Lo último que me dijeron es que el caso estaba en estudio», pero «no tengo respuesta ni positiva ni negativa» sobre cuánto tiempo falta para que vuelva a Córdoba.

«Teníamos la esperanza de que el 30 de octubre las restricciones de viaje para algunos países de América, como Colombia y Panamá, se eliminaran» porque, entre otras cosas «Panamá ahora es uno de los países que mejor ha estado en la incidencia del covid, abrió sus puertas a otros países y hay vuelos semanales con constancia». Pero no ha llegado esa posibilidad.

Alberto explica que su mujer, «ante los ataques de pánico que está sufriendo, la ansiedad y la incertidumbre ante un nuevo estado de alarma» ha tenido que acudir «a una consulta psiquiátrica y está medicada para poder llevar esta situación».

«Siento que se nos han acabado todas las instancias y que sigue pasando el tiempo» sin que haya reagrupación familiar», como recoge la normativa española -relata-. Y mientras se pregunta «¿si a mí me pasara algo, si me da el covid y me hospitalizan, en manos de quién queda mi hija?».

Alberto incide en que a lo largo del primer estado de alarma «las restricciones de viaje podían tener unas excepciones y entre ellas se contemplaban las de motivo familiar imperativo». Por eso vuelve a preguntarse: «¿si esto no es un motivo familiar imperativo, entonces qué es?».

Lo han intentado también alegando motivos humanitarios en la embajada y aunque no tienen el certificado de residencia permanente sí cuenta con un número de identificación, un empadronamiento, un trabajo como consultor de una empresa norteamericana, al igual que su mujer, que le permite vivir en Córdoba. «No somos susceptibles a una deportación mientras estemos en este proceso (de petición de asilo y protección internacional) o de una expulsión del país».

Ha vuelto a pedir información, esta vez en una comisaría de Policía Nacional, pero ellos no tienen competencias para hacer estos trámites. Se ha planteado enviar a su hija con Mary, pero entonces perdería su escolarización, y eso es algo en lo que el matrimonio no quiere ni pensar. Así que aquí siguen, separados por una pandemia y por 9.000 kilómetros de distancia.