Cualquier familiar de víctima de la represión franquista y de la guerra en Córdoba puede solicitar la exhumación de sus restos mortales en la oficina de memoria democrática de la Junta de Andalucía, ubicada en la Delegación del Gobierno andaluz. Junto a esta solicitud debe hacerse otra para la realización de una prueba de ADN, que permita la identificación de dichos restos una vez que se haya hecho la exhumación correspondiente. Desde la aprobación de la ley de Memoria Democrática de Andalucía en marzo del 2017 hasta hoy, se han recibido 89 solicitudes para exhumaciones en la provincia, según informó ayer la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, que convocó ayer una reunión en San Felipe a los alcaldes de 70 de los 75 municipios de la provincia que tienen víctimas de la represión franquistas en fosas.

La última actualización del mapa de fosas comunes de Andalucía documentó un total de 702 de estos enclaves, de los que 79 se ubican en la provincia de Córdoba. Respecto a las víctimas, la cifra de personas desaparecidas de las que se tiene constancia asciende a 48.349, de los que 5.139 pertenecen a Córdoba.

La delegada del Gobierno andaluz, junto al coordinador de la oficina de las víctimas en Córdoba, Manuel Aguilar, explicó a los alcaldes el procedimiento que se debe seguir en este proceso que está financiado por la Administración andaluza. De las 89 solicitudes que se han formalizado aquellas que correspondan a municipios donde no se hayan iniciado procesos de exhumación tendrán que pasar por una comisión técnica, mientras que el resto (por ejemplo los casos de Córdoba capital o de Castro del Río, donde ayer mismo empezaron los trabajos) se agregarán a los procedimientos que ya se han iniciado en esos municipios. Según informó la Junta, entre los nuevos lugares previstos para intervenir figuran la Plaza de la Constitución y el cementerio de Baena y el refugio antiaéreo de la Plaza de España en Villanueva de Córdoba.

SENSIBILIDAD // Esther Ruiz subrayó ayer «la sensibilidad» de la Junta de Andalucía con la recuperación de la memoria histórica y destacó la incorporación «con rigor» de esta historia «verídica» ocurrida en Andalucía al currículum escolar para que los niños conozcan qué ocurrió a partir de 1936 en España. Manuel Aguilar, por su parte, informó de la marcha del proceso de exhumaciones en la capital, una vez que está concluyendo la fase para la investigación historiográfica para la ubicación más exacta posible de las fosas. En este proceso (impulsado por la firma en febrero de un protocolo entre la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios) están participando el Archivo Municipal (su directora, Ana Verdú, participó también en la reunión de esta mañana), el Archivo Provincial, el Registro Civil, los Consejos de Guerra, así como los foros memorialista de Córdoba.