Rafael Gómez está acusado de diez delitos contra la Hacienda Pública, por el supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos en el periodo de cuatro años. Sus hijos están acusados de siete delitos fiscales. La causa contra Gómez y su familia se inició a raíz de varias denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio del 2009. Según la instrucción, los delitos se habrían cometido entre los años 2003 y 2006 por las empresas Arenal 200, Arenal 2001 y el Grupo Inversor Arenal 200 y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), el mismo que durante el juicio Rafael Gómez dijo desconocer.

Las cantidades presuntamente defraudadas en cada uno de los diez casos por los que se le acusa irían desde 690.000 euros a 25,5 millones, lo que ha hecho que la causa se dirima por la vía penal y no por la vía administrativa, al ser cantidades que están por encima de los 120.000 euros. Fruto de los impagos, se ordenó el embargo preventivo de propiedades de la familia, entre ellas, la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en el 2005 en Córdoba y que le han supuesto una multa de 20 millones de euros a Gómez, que fue condenado en el caso Malaya por delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses, sustituida por una multa de 3.600 euros y una multa de 150.000 euros. e.p.