La Corporación local aprobará el martes con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos el dictamen de la Memoria Histórica, elaborado por una comisión de representantes municipales, del Consejo del Movimiento Ciudadano e historiadores, creada por el pleno para la aplicación en Córdoba de la ley andaluza de Memoria Democrática, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía en marzo del 2017. En el seno de la comisión, los partidos aprobaron en diciembre este dictamen, que pide impulsar las exhumaciones en los cementerios --un punto que se ha visto respaldado esta semana con la firma de un protocolo entre el Ayuntamiento y la Junta, que ya ha ordenado el estudio de las fosas comunes de la capital-- y propone eliminar 15 calles del callejero por sus reminiscencias franquistas.

El amplísimo consenso solo se quebró al votar en contra PP, C’s y UCOR respecto a la eliminación de cinco calles (en el resto no hubo polémica): Cruz Conde, Conde de Vallellano, Cañero, Cronista Rey Díaz y José María Pemán. Cinco nombres sobre los que ha girado el debate, dejando en un segundo plano la noticia de que, 40 años después de que este país enterrara el franquismo, los restos de 4.000 represaliados de la guerra y la posguerra que aún yacen en las fosas comunes de la Salud y San Rafael podrán ser identificados y recuperados por sus familiares.

Las posiciones políticas

Desde el 13 de diciembre, día en que se votó el dictamen, hasta hoy poco o nada se ha movido los partidos en su planteamiento sobre el callejero. IU y Ganemos han mantenido desde primera hora su convicción de que la eliminación de todas las calles era innegociable y, por ello, se han opuesto a que se sometiera a referéndum, en base a la idea de que no se puede votar la aplicación de una ley. Si bien C’s y UCOR no están de acuerdo con la eliminación de estas calles argumentando, sobre todo repercusiones de índole práctica, no han tenido un perfil muy acusado en esta polémica. Todo lo contrario que el PP, que plantó batalla desde primera hora pidiendo, primero, una consulta popular y, una vez que el gobierno municipal la desestimó, empleándose a fondo en recoger firmas para frenar el cambio de calles. Los populares consideran que se quiere aplicar «en exceso la ley» y sostienen que los personajes aludidos tienen méritos suficientes para mantenerse en el nomenclátor, amén del arraigo popular. Con su campaña esperan superar las 5.000 rúbricas.

El PSOE ha reclamado consenso (aunque, de momento, no ha propiciado ninguna reunión) con su propuesta de soluciones «creativas», que pasa por cambiar solo en parte los nombres de la polémica (Vallellano en lugar de Conde de Vallellano) o, como se ha hecho en otras ciudades, puntualizar la faceta por la que se reconoce al personaje (escritor José María Pemán en lugar de Pemán a secas). Finalmente, los socialistas, en contra del criterio del PP, que pidió hacerlo antes, han optado por posponer ese debate al proceso para renombrar las calles, y solo al final han elevado el tono de sus críticas hacia el PP, al acusarlo de defender «en exceso» a algunos protagonistas del franquismo.

Qué dice la ley

La ley recoge en su capítulo tercero todo lo relativo a los símbolos franquistas. En su artículo 32 dice que son actos contrarios a la Memoria Histórica y a la dignidad de las víctimas «la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial». El PP ha reclamado un decreto regulador que especifique y concrete estos presupuestos de la ley, al considerar que son ambiguos. Para Luis Naranjo, exdirector general de Memoria Democrática y uno de los padres de esta norma, «no hace falta ningún desarrollo reglamentario para aplicar el cambio del callejero».

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que ha estado en Córdoba esta semana para la firma del protocolo de las exhumaciones, también se ha pronunciado al respecto: «Quien haya participado de hechos que la ley de Memoria Democrática condena no podrá tener una calle. Así de sencillo. No tiene más vuelta de hoja», zanjó.

Los cinco nombres

Córdoba no es la única capital andaluza empantanada con el callejero. Hace unas semanas, Cádiz decidió eliminar a Ramón de Carranza de las placas de una de sus principales avenidas y también han corrido ríos de tinta. En Córdoba la lista de nominados empieza por José Cruz Conde (1878-1939), el alcalde que modernizó Córdoba remodelando, por ejemplo, la plaza de las Tendillas. La comisión propone eliminar su calle por su participación civil en la preparación del golpe. El historiador Juan José Primo Jurado, a la sazón subdelegado del Gobierno, publicó en su día en ABC que Cruz Conde «colabora en el alzamiento en Córdoba en julio de 1936, transmitiendo desde Madrid las órdenes de los políticos y militares que preparaban el golpe».

El expediente militar de Antonio Cañero (1885-1952), facilitado por el archivo general militar de Segovia, recoge cómo creó y participó activamente en un grupo paramilitar de represión (escuadrón Cañero), y pormenoriza su actuación entre el 18 de julio del 36 y principios del 37 por pueblos de Córdoba, Málaga y Granada. Sin embargo, hay quienes entienden que «no hay pruebas concluyentes de que Cañero hiciera actos indignos» y ensalzan su figura de rejoneador, como hace hoy mismo en un artículo de este periódico (suplemento Zoco) Juan María Casado. También se propone eliminar la calle dedicada a Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano (1886-1964), por ser ministro de Obras Públicas con Franco y presidente del Consejo de Estado. Es curioso el tratamiento que este personaje ha tenido en otras ciudades españolas: en Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena, no lo ha retirado; pero en Palencia, por unanimidad de todos los grupos incluido el PP, sí.

Completan la lista José María Pemán (1897-1981), a quien se le atribuye la depuración de los profesionales de la enseñanza de la República; y al cronista José María Rey Díaz (1891-1963), director de la Normal de Magisterio, que ostentó los cargos de jefe de propaganda y de responsable de los cementerios, por lo que debía registrar a los represaliados y hasta censurar sus epitafios si incluían mensajes contrarios a Franco.

Los efectos prácticos

Comercio Córdoba cifra entre 1.500 y 4.000 euros los gastos que el cambio acarreará a los negocios afectados en la capital. Entre estos gastos se encontrarían los derivados de los cambios de domicilio en escritura pública y su correspondiente registro (entre 30 y 40 euros), gastos de asesoría por la tramitación, así como de material de bolsas o publicidad. En ciudades como Valencia se han concendido 12 meses de convivencia de los dos nombres para aminorar este desembolso. A nivel individual, el cambio afectará a documentos oficiales como el DNI (renovarlo por este motivo es gratis) o las escrituras, que seguirán teniendo validez hasta que caduque el documento o se quieran cambiar. Habrá que actualizar la información de la tarjeta de la Seguridad Social y del permiso de conducir, y comunicar el cambio para el pago de los impuestos municipales y otros recibos. Si el Ayuntamiento no informara a las empresas de gas y luz de los cambios, será el consumidor quien deba hacerlo también.