5.747 personas, la gran mayoría mujeres, que se dedican al cuidado de familiares dependientes en Córdoba tienen 90 días a contar desde el 1 de abril para reclamar su cotización en la Seguridad Social, un derecho que el gobierno de Rajoy recortó en el 2012 y que el Ejecutivo actual ha recuperado por decreto con cargo al Estado. La recuperación de este derecho no será automática, por lo que las cuidadoras, en su gran mayoría mujeres, deberán acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social y rellenar un formulario para reclamar que se aplique la medida, aprobada dentro del decreto de medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades. La cotización a la Seguridad Social, suspendida durante seis años, permitirá a las beneficiarias cotizar de cara a las futuras pensiones. En Andalucía, casi 71.000 mujeres podrían verse beneficiadas por esta actuación. Cabe recordar que la opción de cuidador familiar a los dependientes se ideó como una fórmula para casos extraordinarios, pero que se convirtió en una de las más frecuentes al ser más barata que otro tipo de prestaciones, máxime después del recorte aplicado.
Por otro lado, las delegadas de CTA del servicio de Ayuda a Domicilio de Córdoba convocaron ayer una protesta para el próximo lunes a las 12 horas en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba en respuesta a lo que consideran «una falta de valentía y una muestra de dejadez con la ciudad» del PSOE y de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, por su posicionamiento en la comisión para la municipalización del servicio, al abstenerse «pese a los informes favorables a esta medida». En una nota de prensa, recuerdan que la comisión «debería haber durado seis meses y se ha prolongado más de dos años» y critican que en ese tiempo «se nos ha vuelto a subastar y ha acabado el mandato con el servicio aún privatizado». En su opinión, la convocatoria de reunión de dicha comisión «solo pretende utilizarnos electoralmente sin que exista una memoria en la que quede reflejado cómo y cuándo se hará la empresa municipal» y recalcan que «este colectivo no va a permitir que se sigan subastando personas y derechos».
