El estudio sigue reflejando el alto porcentaje de viviendas turísticas irregulares al no estar en el registro de la Junta. En total, de las 2.541 pisos contabilizados en el 2018, 1.179 (un 46%) no estaban inscritos en el registro andaluz, en el que solo aparecieron 1.012. Entre las 1.012 registradas y las que esperaban la inscripción, 350, al final del año pasado la cifra de viviendas regularizadas o en vías de legalización ascendió a 1.362.

A nivel global, la presión que están ejerciendo las viviendas turísticas en la ciudad es solo del 1,72%. De los 2.541 pisos activos a lo largo del año (en el que llegaron a estar anunciados más, 3.624), 2.092 se alquilaron de forma completa y 449 por habitaciones. De las 1.012 viviendas inscritas, 876 se ofrecieron a los turistas al completo y 136 por habitaciones.

Otra de las conclusiones es que el alto nivel de clandestinidad «justifica la intervención por parte de la administración local de proteger el uso residencial en el conjunto histórico». En esa línea va la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico anunciada el verano pasado para poner freno al cambio de uso de las viviendas que se está produciendo para destinarlas a fines turísticos, que, si no hay imprevistos, dará un nuevo paso en el consejo rector del viernes.