Pese al incremento de la plantilla del profesorado este curso escolar en 378 profesores más, según la Delegación de Educación -CSIF cree que son 300- el 41% de los docentes cordobeses encuestados por el sindicato mayoritario en la enseñanza pública cordobesa asegura que la plantilla de su centro es insuficiente, aunque esta percepción mejora diez puntos respecto a la del 2017.

Elena García, responsable del sector de enseñanza del CSIF ha realizado esta mañana una valoración del inicio del curso 2018-19 y los resultados de una encuesta realizada a unos 296 profesores de Infantil y Primaria de la provincia, que revelan que el 45% de los encuestados han reconocido que la plantilla de sus centros no estaba completa el 3 de septiembre, cuando se incorporaron los profesores, "algo que es fundamental para preparar materiales y organizar las clases de cara al inicio del curso".

García ha señalado también que el 39% de los encuestados dicen que en sus centros se han perdido unidades, "algo que en educación Infantil es preocupante, porque se han perdido ya 150 unidades en los últimos cinco años", mientras que una cuarta parte del profesorado, el 26%, entiende que la ratio se supera en algunos grupos de sus colegios por encima de lo legalmente establecido, de 25 alumnos por clase.

La responsable de enseñanza del CSIF ha insistido en que como mínimo debe haber un profesor de Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y Lenguaje en cada centro educativo, mientras que "el 30% de los docentes afirma que el personal de Pedagogía Terapéutica es compartido con otros centros".

De otra parte, García ha considerado que todas las mejoras laborales y de recuperación de derechos del profesorado este curso se han producido gracias a la negociación de los sindicatos, "de lo que desde CSIF nos consideramos artífices" y de la presión sindical. En este sentido, ha destacado que 3.000 docentes cordobeses han conseguido, gracias al 'concursillo', conciliar la vida laboral y familiar; que se ha recuperado la paga extra, se ha puesto fin a la penalización económica en las bajas por enfermedad y se ha incrementado el permiso de paternidad a diez semanas.