El tiempo corre en contra. Un total de 34.119 empresas cordobesas (todas aquellas que tienen uno o más trabajadores contratados en la provincia) están llamadas a establecer antes del 12 de mayo de forma obligatoria un registro diario de la jornada laboral de sus empleados. Aunque no todas las empresas están al tanto, la medida viene recogida en la modificación del Estatuto del Trabajador, establecida a través del Real Decreto 8/2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez, y obliga a quienes no lo hacen ya. Las empresas deberán mantener durante cuatro años el cómputo horario para presentarlo ante la Inspección de Trabajo si le fuera solicitado.

Según Antonio Arroyo, director del área Jurídico-Laboral de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), no todas las empresas de Córdoba están preparadas para incorporar esta medida de forma inmediata. «Las empresas con trabajadores a tiempo parcial ya estaban obligadas a llevar un registro de jornadas; por tanto, algunas vienen haciéndolo ya de forma regular. Para otras supone tener que implantar algún sistema de control horario sobre el que existen muchas dudas porque el Real Decreto es tan sumamente escueto que no aclara ninguna».

La elección del sistema empleado para el control de la jornada laboral de los trabajadores deberá acordarse en la negociación colectiva entre la empresa y los sindicatos e incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.

El incumplimiento de esta obligación, según indica el texto modificado, se entenderá como una «infracción grave», que, en función de su graduación, podrá suponer una sanción para la empresa incumplidora de entre 626 euros y 6.250 euros en función del número de trabajadores o de la facturación de la empresa.

Según Arroyo, «algunas compañías tendrán un registro manual y otras podrán usar controles de huella, tarjetas o controles a través de dispositivos móviles, ya que cualquier sistema es válido siempre que se pueda acreditar la entrada y salida del trabajo».

Esta medida tiene como objetivo, según el Gobierno de Sánchez, establecer mecanismos para acabar con las miles de horas extra trabajadas, pero no remuneradas, por las que además no se cotiza, garantizar el derecho a la desconexión digital y al descanso mínimo de 12 horas. El documento en vigor (desde el 12 de marzo), tal y como ha sido redactado, no convence a los empresarios, que ven muchas lagunas en su aplicación, ni tampoco a los sindicatos, que creen que es demasiado laxo en sus exigencias. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo en contra.