Si no fuera porque detrás de ello hay más de un drama, sería para hacer hasta chistes. De hecho, muchos de los afectados se lo tomaban ayer con un humor envidiable, una ironía que les hacía tomar distancia del problema. Y es que poquísimas residentes y responsables de negocios de una zona urbana, que ahora hay que calificar casi de céntrica, han vivido en España en el último cuarto de siglo un calvario administrativo de incertidumbre como el que sufren en la manzana a la espalda de La Calahorra.

Se trata de los bloques de los populares establecimientos Miguelito y Los Romerillos. Estas construcciones, junto con el colegio Rey Heredia, fueron incluidas en un plan del PGOU de 1986 que contemplaba su derribo para aumentar la plaza de Santa Teresa y dejar un espacio público emblemático entre la torre y la iglesia. Así, a principios de los años 90 comenzó un proceso de expropiación tan complicado como irregular, con parones de varios años e incluso con anuncios, como el de la pasada Corporación municipal, que presidió el PP, en donde se dijo que se abandonaba definitivamente el proceso de expropiación.

El caso es que el anuncio realizado el pasado jueves por el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, que informó de un plan para reubicar equipamientos y espacios públicos en Miraflores y el entorno de La Calahorra, ha vuelto a contemplar la demolición de la manzana.

Así, este medio centenar de vecinos y de trabajadores de negocios ponían ayer rostro a las incertidumbres inmediatas de un vaivén de planes urbanísticos de tres décadas. «No es que no se pueda hacer planes para la vida, es que uno no sabe si invertir o no en mantener su vivienda, en mejorar el negocio, en un traspaso, en ir al banco... Y así 26 años». Resumía Francisco Cano, del bar Miguelito, que recordaba que su plantilla de 12 trabajadores también sufre la situación. A pocos metros, Rafael Marín, en la zapatería que heredó de su padre, y por la que paga aún 115 euros al mes por esos 10 metros cuadrados que son parte de la pequeña gran historia del barrio.

Y es que, ciertamente, la zona podrá quedar de dulce y ser un motor económico del Campo de la Verdad en el futuro, como recordó ayer a través de una nota la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, apoyando el plan de la Gerencia de Urbanismo. Porque el proyecto contempla una inmensa plaza, un auditorio y centro de exposiciones al lado y, en Miraflores, el Museo de Bellas Artes y un albergue juvenil junto al C3A.

Pero por ahora, y con el PP advirtiendo que este proyecto no se conseguirá ejecutar en los próximos años por su complejidad, lo que hay es lo que hay: ese medio centenar de vecinos y trabajadores que viven en continuo estado de expropiación, un término que si bien no es exacto administrativamente, explica muy bien un cierto estado del alma del que los planes urbanísticos no saben nada.