Más de 250 funcionarios de prisiones de Córdoba y de Andalucía se concentraron ayer desde primera hora de la mañana a las puertas de la cárcel de Córdoba para protestar por las desigualdades salariales que tienen estos trabajadores, según en qué cárcel estén destinados y a pesar de desarrollar las mismas funciones que otros compañeros. La concentración, que impidió los accesos a la cárcel, permaneció hasta el mediodía, con la premisa «Por el mismo trabajo, cobrar lo mismo».

Las diferencias salariales oscilan según la categoría del centro penitenciario, pero -según el delegado provincial de Acaip en Córdoba, José Miguel Sánchez- un funcionario de prisiones en Córdoba cobra unos 450 euros menos al mes que un compañero en el País Vasco.

Convocados por los sindicatos CCOO, Acaip y UGT, los funcionarios de prisiones de Córdoba y del resto de España siguen un calendario de movilizaciones en coincidencia con el debate de los Presupuestos Generales, con la finalidad de solicitar que se incluya una partida de unos 128 millones de euros para acabar con la brecha salarial, según los sindicatos.

La concentración no solo responde a la brecha salarial existente entre los distintos centros penitenciarios, sino también a la «tremenda falta de personal», un 15% menos de la plantilla establecida, que padecen las cárceles, incluida la de Córdoba, según afirmó ayer en la concentración el presidente nacional de Acaip, José Luis Pascal. En concreto, la cárcel de Córdoba tiene sin cubrir 60 plazas, según Acaip. «Es imposible realizar el trabajo de manera idónea e imposible garantizar la seguridad de los trabajadores y la vida de los internos», aseguró Pascal.

Las vacantes en la cárcel de Córdoba no solo son de vigilantes, sino que afectan a educadores, trabajadores sociales, psicólogos y juristas, según Acaip. El centro penitenciario de Córdoba tiene 1.340 reclusos y cuenta con 440 funcionarios. Ni la Subdelegación del Gobierno ni la dirección del centro se pronunciaron ayer sobre las protestas.