La que ya es 21ª comisión municipal hará el seguimiento y auditará la deuda municipal, eso sí, desde el aspecto social, ya que la fiscalización en sí de las cuentas se realiza permanentemente por los propios técnicos municipales.

Se trata de un nuevo órgano, aprobado en el pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de Córdoba que se está celebrando en estos momentos, un mecanismo que exigió hasta en cuatro ocasiones el grupo de Ganemos Córdoba para seguir dando su apoyo al cogobierno municipal (era la medida número 12 del acuerdo para la investidura de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, las primeras para aprobar los presupuestos del 2016 y 2017 y también estuvo entre las exigencias para el pacto de renegociación de la deuda) y que analizará cómo se gastó, generando la deuda actual, y si este esfuerzo tuvo el correspondiente beneficio para los ciudadanos entre el 2005 y el 2017.

La propuesta, que salió con los votos en contra del grupo mixto (el concejal de UCOR, Rafael Carlos Serrano), los dos de ciudadanos y los 11 del PP, dio pie a un debate que trascendió al objetivo de la propia comisión, ya que los grupos de la oposición municipal al final se centraron en la polémica de si son útiles estos organismos o una mera pérdida de tiempo, para que todo se reduzca a una votación "en la que salgan 15 votos a favor y 14 en contra, que es lo que va a pasar", decía el concejal José Luis Vilches, todo ello en un primer debate de la Corporación municipal en el que la alcaldesa y presidenta del Pleno llegó a retirarle tajantemente la palabra al concejal de Ciudadanos al pasarse del tiempo establecido.