El 20% de las 275 personas que viven en la calle en Córdoba, según el último recuento realizado por la Red Cohabita, admite sufrir un trastorno mental. Unas 55 personas reconocen abiertamente su situación aunque los colectivos que trabajan en este ámbito, entre ellos Cruz Roja, aclara que los datos no son fiables y que podrían ser más, «ya que es la información que refieren los propios usuarios y la mayoría no tiene conciencia de la enfermedad».

Esta es la realidad a la que se enfrentan a diario los voluntarios y trabajadores sociales de Cruz Roja, Cáritas, el comedor social trinitario y el resto de entidades que componen la Red Cohabita, de la que forma parte el área de asuntos sociales del Ayuntamiento, pero no así los servicios sanitarios, que en Córdoba no cuentan con una unidad de calle para ofrecer una atención especializada a estas personas. Según Javier Lucena, coordinador de la Red Cohabita, «muchos no están diagnosticados y los que sí lo están es muy complicado que en la calle sigan el tratamiento indicado, lo que genera en determinadas ocasiones problemas de convivencia con los vecinos que requerirían una actuación sanitaria». En ciudades como Málaga y Sevilla, las unidades de gestión clínica de Salud Mental disponen de una unidad de calle que actúa en coordinación con los servicios municipales y los agentes sociales que aquí no existe. Los colectivos que forman parte de esta red reclaman la necesidad de establecer con urgencia un protocolo consensuado entre salud, asuntos sociales, Fiscalía y Policía para suplir este vacío que deja sin protección tanto a los enfermos como a la ciudadanía.

Por su parte, el fiscal coordinador de la Sección de Protección de Personas con Discapacidad en Córdoba, Fernando Santos Urbaneja, ha indicado que cada año la Fiscalía interviene en un centenar de casos relacionados con personas sin hogar. «La ley no obliga a que existan unidades de calle de Salud Mental, pero la realidad es que nos encontramos con casos de extrema vulnerabilidad que deben recibir una atención especializada por equipos sanitarios y que esa realidad no se está atendiendo». Y recuerda que «para que se produzca el internamiento de una persona, es necesario que intervenga un médico, aunque en muchos casos ni siquiera llegan a consulta porque la Policía los lleva a Urgencias y depende de ellos entrar o no». En opinión de Santos Urbaneja, «lo sociosanitario y lo jurídico tienen que ir de la mano para dar respuesta a estas situaciones».

La Fundación Pública Andaluza para la Integración de las Personas con Enfermedad Mental (Faisem), dependiente de la Junta, cuenta en Córdoba con recursos residenciales, aunque según la Red Cohabita, no existe ningún convenio de colaboración para intervenir en estos casos.