Un total de 2.400 familias cordobesas, dentro de un grupo de 62.000 en España, han sido afectadas por el recorte de primas para la generación de energía fotovoltaica (paneles solares), que comenzó con las medidas impulsadas por el Gobierno central hace nueve años y que todavía provoca que este sector reclame soluciones.
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) celebró ayer en Córdoba una jornada para informar a la ciudadanía de la situación actual y de las posibles vías a seguir. Su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, reivindicó «que lleguemos a un acuerdo que dignifique lo que han hecho en el sector de las renovables y que ponga una solución pactada», así como la derogación del impuesto a la generación para las energías limpias y el desarrollo del autoconsumo.
Este responsable recuerda que el Boletín Oficial del Estado «prometió una serie de condiciones si las familias realizaban huertos solares por valor de 25.000 millones de euros», por lo que «muchos acudieron a ese llamamiento y, cuando las instalaciones ya estaban construidas, comenzaron los ataques». De este modo, puntualiza que «hemos sufrido nueve cambios normativos retroactivos, que han dilapidado la seguridad jurídica».
La reducción de las primas para instalaciones de energías renovables llegó, en primer lugar, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que aplicó una bajada del 30% durante tres años, según precisan desde Anpier. Sin embargo, el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy realizó otro recorte hasta llegar al 50% e impulsó un impuesto del 7% para las instalaciones de energías renovables. Con estas modificaciones, los proyectos están revirtiendo a pequeños y medianos inversores solo la mitad de lo que esperaban.
Por otro lado, en el caso de instalaciones para autoconsumo deben pagar el conocido como «impuesto al sol» que, a juicio de Martínez-Aroca, pretende «que no recuperes la inversión que cuesta realizar la instalación fotovoltaica, desincentivar». Para la asociación nacional de productores, el beneficiario de estas medidas «no es el interés general, la luz y el déficit tarifario han seguido subiendo», a lo que su presidente añade que «esto beneficia a cuatro grandes compañías eléctricas que han conseguido meter terror en la sociedad a invertir en energías renovables».
propuestas/ Miguel Ángel Martínez-Aroca afirma que el primer paso para salir de esta situación tendría que ser el respeto a la seguridad jurídica, abundando en que «hay que sentarse y dialogar», pero «el actual ministro (de Energía), Álvaro Nadal, se niega a dialogar con nosotros y con las familias».
También alude a la necesidad de «negociar con el sector» la citada salida pactada, y recuerda que hay 30 denuncias pendientes de resolver en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, precisando que el primer arbitraje «ya se ha resuelto y obliga al Estado a pagar 128 millones de euros a una empresa inglesa, más intereses y costas». Junto a estos procesos, tse encuentran pendientes en el Tribunal Supremo las reclamaciones de los inversores españoles.
En este sentido, Anpier confirma que ha tomado medidas judiciales y Martínez-Aroca avanza que el 2018 «puede ser clave a la hora de los pronunciamientos del Supremo respecto a si existe daño patrimonial causado a los primeros inversores», además de para la resolución de los arbitrajes internacionales y «para ver si las fuerzas políticas de la oposición se ponen de acuerdo a la hora de legislar a favor de las renovables».
La jornada celebrada ayer en Córdoba se enmarca en la tercera edición del Camino del Sol, una iniciativa nacional de carácter informativo que concluirá del 20 al 22 de octubre en Pamplona, con un acto reivindicativo. Anpier sostiene que si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltaica «los pueblos cordobeses obtendrían beneficios millonarios».
