Unas 150 monitoras de educación especial de colegios públicos de Córdoba (labor que asumen en un 75% mujeres) temen perder sus puestos de trabajo con el baremo de la nueva bolsa de trabajo que quiere poner en marcha la Junta de Andalucía, apuntan María Isabel García y Josefa Barraza. La Consejería de Educación anunció recientemente que pretende, desde esta administración, volver a gestionar en los colegios la atención a niños con necesidades educativas especiales, sin subcontratar esta labor a empresas externas como se ha venido haciendo desde hace 15 años en Andalucía.

Según apuntan ambas, el nuevo modelo de contratación parte de un acuerdo del anterior Gobierno de la Junta y de los sindicatos Ustea, UGT, CCOO y CSIF, para fijar el reglamento de bolsa única y el baremo que se aplicaría para ocupar las plazas de personal técnico de integración social (PTIS), que es como se conoce a estas monitoras.

Denuncian que algunas de estas trabajadoras acumulan hasta 15 años de experiencia, «pero como no somos personal de la Junta, sino empleadas de empresas a las que la Junta ha venido contratando la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, nuestro tiempo de servicio no cuenta de igual modo en bolsa que empleados que sí han ejercido directamente para la Junta, aunque sea por menos tiempo o tengan menos cursos para la atención de estos estudiantes». Por esta razón, estiman que «difícilmente podremos volver a trabajar porque vamos a tener menos puntos». Para revertir la situación, este sector anuncia movilizaciones para exigir que su experiencia se puntúe igual que la del personal de la Junta.