Mientras en el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo se tiran los trastos a la cabeza sobre qué hacer para frenar la gentrificación o limitar la expansión de las viviendas turísticas, la llamada a regular la situación de los que actúan al margen de la ley parece estar teniendo efecto, ya que en solo 12 días se han inscrito en el registro de la Junta de Andalucía 120 viviendas con fines turísticas nuevas y ya hay 927 altas. El 13 de julio, según fuentes de la Delegación de Turismo, había 807. Responden así a la llamada de la Federación de Hosteleros de Andalucía, que recientemente se quejaba de que solo un 20% de estas viviendas operan bajo el paraguas de la norma autonómica. Mientras el sector llama a los ilegales a legalizarse, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, llamaba ayer a la Junta de Andalucía a suspender el registro de nuevas viviendas turísticas, lo que impediría que actuaran conforme a la norma. Por su parte, el delegado de Turismo de Córdoba, Francisco Alcalde, se mostraba ayer respetuoso con el planteamiento de Urbanismo. «Urbanismo está dentro del marco de sus competencias y no podemos entrar», señaló Alcalde, que recordó que el sentido del decreto de la Junta era «regular las viviendas con fines turísticas y preservar los derechos de los usuarios luchando contra la clandestinidad y el intrusismo para ofrecer un destino de calidad». Asimismo, confió en que el Gobierno central regule en septiembre, tras la reunión del consejo sectorial de turismo, el marco de acción en todo el estado para las viviendas turísticas. En cuanto a la actividad inspectora, Alcalde dijo que en lo que va de año se han realizado 67 inspecciones entre «actas de conformidad, de advertencia e informes de subsanación», ya que según dio a entender, solo se actúa en caso de denuncia o conflicto.