Doce días después del importante incendio registrado en la planta de reciclaje de Recicor XXI, de Grupo Barea, ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Córdoba pudieron resolver ayer las numerosas dudas planteadas sobre el siniestro y la situación de las instalaciones, explicando en ambos casos que continúan investigando para determinarlo.
El delegado territorial de Medio Ambiente, Francisco de Paula Algar, insistió ayer en que, pese a que la Junta regresó a las instalaciones un año después de que se detectara que la firma no tenía licencia de actividad (en el 2015), «no constatamos la falta de licencia porque no teníamos que constatarla», ya que «será responsabilidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo». Además de esto, detalló que la Junta concede la autorización ambiental integrada, que por sí sola no es suficiente para desarrollar la actividad, y esta deja fuera aspectos como la normativa relativa a prevención de accidentes graves o la evaluación de riesgo de incendio y protección del mismo.
Preguntado por cuál es la Administración competente para controlar esto, admitió que «no lo sé, imagino que en la licencia de actividad se revisará que las instalaciones industriales cumplen». Entre otras cuestiones, Algar no pudo precisar si la planta de reciclaje se mantiene hoy en funcionamiento o qué zona del vertedero ardió y las condiciones en las que estaba.
En la misma conferencia de prensa, puntualizó que, entre otros datos, «estamos analizando si la empresa actuó con las medidas que iba a actuar» en caso de siniestro. El delegado también declaró que desconoce qué actuaciones recoge el plan sobre incidentes que se había presentado, aunque destacó que no se trataba de un plan de emergencias, sino de una herramienta para adecuarse a una directiva europea de emisiones. A esto añadió que no han localizado la denuncia por malas prácticas que la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción (Agreca) afirma que presentó en el 2014 sobre Recicor XXI sin recibir respuesta de la Junta.
Acerca de la labor que se está realizando a raíz del siniestro, Algar detalló que cuando se reúna toda la información, se determinará si es necesario abrir diligencias previas, el paso anterior a un procedimiento sancionador.
URBANISMO/ De otro lado, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, informó ayer de que «seguimos con diligencias abiertas para que los servicios de inspección y licencias continúen con el análisis de la situación de la licencia de obra y de la licencia de actividad en materia urbanística que posee la planta, así como la situación de legalidad de la obra realizada y de la actividad que se desarrolla, con el fin de adoptar las medidas urbanísticas y acciones disciplinarias que procedan».
García recordó que, a raíz de una comunicación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Urbanismo advirtió que no había antecedentes sobre la tramitación de licencia de ampliación de la planta, la GMU pidió a la Policía Local que corroborara la situación y esta emitió una denuncia en el 2015 porque la ampliación de la planta no estaba amparada en la licencia concedida. El presidente de la GMU precisó, asimismo, que a raíz de una modificación de la autorización ambiental concedida a Recicor, que conllevaba una solicitud de licencia de actividad, la GMU comenzó a tramitar este permiso en el 2011, pero no se finalizó el proceso y en el 2015 llegó el cambio de gobierno local.
