El sindicato CCOO en Córdoba demandó ayer que el proceso de «integración» de trabajadores y oficinas, tras ser comprado el Banco Popular por el Santander, sea «negociado» y «con la mayor defensa del empleo y de las condiciones laborales de la plantilla». Antonio Ramón Jiménez, secretario del Sindicato Provincial de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO en Córdoba, explicó que «en la provincia de Córdoba hay 108 profesionales trabajando en las 24 sucursales del Banco Popular, aunque antes del ERE que hubo a finales del año 2016 había 31 oficinas y 167 empleados». Por su parte, en el caso del Santander, hay en la actualidad 231 trabajadores y 55 oficinas en la provincia de Córdoba. A nivel andaluz, antes del ERE había 330 oficinas y en la actualidad son 270, perdiéndose además 471 empleos al pasar de una plantilla de 1.930 trabajadores a 1.459. Jiménez señaló que, aunque la compra del Popular por el Santander, «pone fin a la situación de incertidumbre y puede ser la mejor opción para los trabajadores, debe establecerse un protocolo para que no haya más despidos ni empeoren aún más las condiciones laborales, aunque se tenga que llevar a cabo una reestructuración de oficinas, que esperemos sea lo menos traumática posible». «Tenemos pedida la reunión con las direcciones de Santander y del Popular porque el ERE del 2016 ya afectó a muchos empleados del Popular. La mayoría de los trabajadores que tenían más de 55 años, cerca de 380 en Andalucía, se prejubilaron con el ERE de forma voluntaria, por lo que la media de edad de la plantilla actual es joven. Por eso, reclamamos información para que se diseñe el mejor escenario posible para los trabajadores», indicó Jiménez.

Por otro lado, Antonio Ramón Jiménez lamentó que, «además, esté habiendo empleados que se han visto perjudicados en esta operación, porque se les ofrecieron acciones y ahora han visto que han perdido su dinero. Afortunadamente, el ahorro sí está garantizado».

Por su parte, el presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus, manifestó que, aunque de momento a la federación de consumidores no han llegado usuarios perjudicados por la compra del Banco Popular, sí quedan pendientes reclamaciones anteriores sobre cláusulas suelo que ya existían por las trabas que dicha entidad ha venido interponiendo a los usuarios para recepcionarles sus reclamaciones a través de la vía extrajudicial impuesta en la norma, queriendo obligar a los reclamantes a aceptar un formulario fijado por el banco.

La situación del Popular también repercute en Córdoba en otros ámbitos. Sobre las naves ilegales de Rafael Gómez en la carretera de Palma pesan innumerables cargas por valor de más de 100 millones entre hipotecas ligadas al Banco Popular por más de 25 millones y anotaciones de embargo del juzgado número 3 por 70 millones por deudas con la Agencia Tributaria y del Ayuntamiento por 24,6 millones por la multa impuesta a Gómez.