El teniente de alcalde de Presidencia, Seguridad y Vía Pública, Emilio Aumente (PSOE), dijo ayer que la Asociación de Comerciantes Caracoleros Cordobeses ha suspendido la tradicional caracolada popular gratuita que iba a celebrarse este próximo domingo. Aumente añadió que la suspensión obedece a que ha habido problemas con el departamento de Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba y porque no se le había dado licencia a dos puestos «porque el movimiento ciudadano» se había quejado «por algunas molestias» de esos establecimientos.
A este respecto, el presidente de la asociación de caracoleros, José Antonio Henares, ha dirigido una carta a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en la que relata una serie de «incidencias acaecidas y sufridas» por los miembros de este colectivo durante la preparación de la campaña de este año de venta de caracol guisado en el área de Autorizaciones de la Oficina de Vía Pública.
Ha habido varios conflictos, según Henares. Uno, en lo que respecta a la entrega de documentación para formalizar la autorización individual de cada puesto, ya que, según dice, «la jefa de Autorizaciones de Vía Pública impuso que la recogida de la documentación de los interesados se hiciera» a través del despacho de abogados que colabora con esta asociación, «no dando opción alguna a que sea cada uno de forma individualizada el que entregue su documentación».
Otro problema que cita la asociación tiene que ver con la duración de la campaña, que, según Henares, «se ha impuesto que sea de cuatro meses» cuando en temporadas anteriores era de tres, «con lo que se demuestra el afán recaudatorio, porque se impone el pago de cuatro meses a todo interesado si quiere tener licencia» para esta actividad.
«Pero lo más grave», según Henares, «es que es la jefa de la unidad quien fija la autoliquidación de cada uno de los asociados» para obtener el permiso para instalar su puesto. El presidente de la asociación señala que «ha habido abuso de superioridad».
