La polémica por la presencia de Cs en la marcha del Orgullo del pasado fin de semana en Madrid ha servido de excusa a Vox Andalucía para volver a cuestionar las subvenciones públicas a los colectivos LGTBI. Unas entidades que, según la formación ultraderechista, carece de utilidad social y fomentan una visión política sectaria y frentista de la realidad y se dedican a agredir a quienes piensan de una forma diferente, de ahí que haya que plantearse esas ayudas. Los partidos que conforman el ejecutivo, PP y Cs, han asegurado que no se dará un paso atrás en la protección de los derechos de estos colectivos, pero abundan en la cuestión de la utilidad de las asociaciones beneficiarias frente a intereses partidistas, como entienden que se produjo en los pasados mandatos socialistas.
La formación ya incluyó en su programa electoral el recorte de subvenciones a estas entidades y a las asociaciones feministas, acusando a ambas de actuar como una suerte de lobby de la ideología de género. Finalmente, en el acuerdo para facilitar la investidura del candidato del PP a la Presidencia de la Junta su tesis fue incluida de una forma más suavizada, bajo la forma de no subvencionar a entidades que carezcan de utilidad social o pública. No se concreta, no obstante, quién valora o decide esta utilidad. Y ahora, el portavoz parlamentario y líder de facto de la formación en Andalucía, Alejandro Hernández, ha encontrado la ocasión para plantear de nuevo el tema, poniendo en el punto de mira de esa carencia de utilidad a las entidades LGTBI.
En rueda de prensa, Hernández ha condenado las agresiones que, ha dicho, sufrieron los representantes de Cs en la Marcha del Orgullo y consideró poco afortunado conceder subvenciones a aquellos que se dedican a agredir a representantes públicos porque no piensan igual que ellos en determinados asuntos. Estamos convencidos de que esas agresiones no son expresivas del sentir de esas personas que tienen una orientación diferente a la orientación heterosexual, sea cual sea, apuntó el portavoz parlamentario, de ahí que abundara en que es momento de plantearse hasta qué punto hay que seguir subvencionando a entidades que no fomentan la defensa de determinados derechos sino una visión política sectaria y frentista.
También los sindicatos
En este sentido, Hernández señaló que intentarán trasladar esta cuestión en los presupuestos de 2020, recordando que en el acuerdo suscrito con el gobierno de coalición incluye precisamente incidir en la utilidad social y la representatividad de las asociaciones que reciben ayudas. Su criterio es, precisamente, que estas entidades LGBTI no representan a todo el colectivo, o no cumplen el objetivo para el que se les concede la ayuda. Un saco en el que incluyó también a los sindicatos, que cobran subvenciones pese a que solo representan a menos del 10% de los trabajadores y de los que llegó a decir que a veces las administraciones les sitúan como interlocutor por una cuestión meramente organizativa.
Nosotros lo que hablamos es que criterio para dar ayudas tiene que ser la utilidad social, y otra cuestión es que se otorgue a determinadas asociaciones una representatividad que no tienen, son dos cuestiones independientes aunque en ocasiones vayan ligadas, abundó. Hernández se esforzó así por dar una pátina de objetividad a estos planteamientos, asegurando que pese a lo que digan nuestros rivales políticos, nosotros no estamos por la merma y recorte y los derechos. No queremos que se discrimine a nadie por su orientación sexual, en eso no estamos, pero no vamos a seguir pagando a asociaciones cuyo objetivo no es la defensa de esos derechos, advirtió.
Justificar el uso de los fondos
Tras estas declaraciones, el PP ha intentado mandar un mensaje de tranquilidad asegurando que las personas que hace un trabajo en defensa de los derechos civiles pueden estar tranquilas, seguirán haciendo su trabajo en las mejores condiciones, según indicó el portavoz parlamentario José Antonio Nieto. Sin embargo, se sumó a la cuestión de fondo, asegurando que no se van a seguir alimentando a estructuras de ninguna organización política con la excusa de que tenga un apellido determinado.
Todo lo que hay alrededor de la violencia de género y del colectivo LGTBi merece protección y van a tener esa protección, pero justificando el uso de los recursos públicos, abundó. Una tesis a la que se sumó Cs, incidiendo en que anteriores mandatos socialistas primaron a ciertos colectivos con los que se tenía preferencia o afinidad por intereses partidistas.
