La Unesco anunció ayer su decisión de vigilar el uso ilegal del agua en Doñana durante los próximos dos años y da a España ese plazo, hasta 2021, para que implante un conjunto de medidas para la mejora de la situación de este enclave que forma parte de Patrimonio de la Humanidad. La decisión fue adoptada durante la 43ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Humanidad en Baku. El organismo considera que el uso del agua es el principal problema para mantener la integridad del espacio natural. Por tanto, acordó que vigilará la gestión y la planificación del recurso para evaluar su impacto en la biodiversidad del enclave. La Unesco cita proyectos que afectan Doñana como el trasvase, sobre el que recuerda que debe contemplar los impactos sobre los valores universales excepcionales.