La Federación de Servicios Públicos de UGT-Andalucía ha amenazado con llevar a cabo movilizaciones si el Gobierno no rectifica su decisión y le pide al Tribunal Constitucional que no lleve a efecto la suspensión cautelar de las 35 horas en el sector público andaluz. En un comunicado recuerda que en julio el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno y decretó la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía. La FeSP rechaza la decisión del Gobierno de recurrir la jornada de 35 horas en Andalucía «con nocturnidad y alevosía, presentando ese recurso el 14 de julio de 2017, el último día que podían hacerlo al Consejo de Ministros». Además, censura que el Gobierno hace «caso omiso» al acuerdo de la mesa general de Función Pública de la Junta, que «por unanimidad entre el Gobierno andaluz y los sindicatos se llegó al acuerdo de volver a las 35 horas por los beneficios que aportan a los empleados y a la ciudadanía en general». Según UGT, las 35 horas supone generación de empleo, conciliación de la vida familiar y mejora del servicio.

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, confía en que la Junta y el Gobierno central alcancen un acuerdo para presentar una alegación consensuada al recurso contra la jornada de 35 horas de los empleados públicos, de forma que se pueda levantar la medida cautelar que ha supuesto su suspensión. Moreno señaló ayer que a partir de septiembre se abre un plazo de alegaciones en el que espera y confía que la Junta «no busque la bronca y la confrontación».