La Consejería de Educación está a expensas de conocer un informe jurídico que le confirme hasta cuánto podrá estirarse la oferta de empleo público en Infantil y Primaria, prevista para julio. La Junta intenta sacar una oferta lo más abultada posible, pero la Ley de Presupuestos Generales limita la tasa de reposición al 10% (de cada 10 profesores jubilados, solo puede sacar a concurso una vacante). Echando mano de una fórmula que usarán otras comunidades --unir la tasa de reposición de este año y del anterior, dado que en este tiempo no ha habido oposiciones-- Andalucía podría llegar a un tope máximo de 525 plazas, según fuentes de Educación.

La consejera Mar Moreno considera que es una cifra exigua, demasiado baja para la enorme demanda que generará, y demasiado estrecha para justificar el coste que supone preparar unas oposiciones a gran escala. "En algunas provincias habría más tribunales de examen que plazas ofertadas", advierten desde la consejería. Los sindicatos piden que haya oposiciones. CCOO sostiene que algunos cálculos de Educación hablan de entre mil y 1.500 plazas. Moreno lo niega. Para llegar a una cifra tan alta, la Junta tendría que concentrar toda la oferta de empleo público de la Administración andaluza en el sector educativo, e incluso consolidar puestos que ya ocupan interinos, algo que ya hizo con las oposiciones de ESO (amparándose en el Estatuto del Empleado Público), pero que fueron recurridas por el Gobierno. El resto de comunidades se encuentra en un dilema parecido y la mayoría maniobra para aumentar la oferta. Asturias, gobernada por el PSOE, ha confirmado que no convocará.

Tampoco Navarra ni Canarias. Las regiones del PP se inclinan por convocar, pero no todas. Castilla-La Mancha (203), Extremadura (100) y Murcia (200) han confirmado oposiciones, y presionan a Andalucía para que haga lo mismo, para evitar que 30.000 posibles aspirantes andaluces colapsen su oferta de empleo. Galicia (200), La Rioja (80), Comunidad Valenciana (300) y Cantabria (90) han confirmado. Todas se coordinarán para convocar en julio, para evitar así el efecto llamada.