El Gobierno central ve «discrepancias» con la Junta de Andalucía sobre la parte del presupuesto andaluz que garantiza que la retribución íntegra anual del personal del sector público de la comunidad no será inferior a 1.000 euros mensuales por jornada completa en catorce pagas. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se refirió ayer a este asunto en la sede del Parlamento señalando que el Gobierno quiere «recurrir en el Tribunal Constitucional que Andalucía apruebe que no haya ni un solo trabajador público que gane menos de mil euros». En la disposición estatal, publicada ayer en el BOJA y consultada por Efe, se determina que se inicien las negociaciones para resolver las «discrepancias» manifestadas en torno a esa disposición adicional undécima de la ley de Presupuestos. Para ello, se designará un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias «la solución que proceda». El acuerdo se ha comunicado al Tribunal Constitucional y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el BOJA.
La presidenta de la Junta denunció que es «el paso previo que van (el Gobierno de Rajoy) a hacer para recurrir de nuevo en el Tribunal Constitucional la dignidad de los trabajadores públicos en Andalucía».
