El principal condenado en el caso Malaya, contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, Juan Antonio Roca, que lleva casi 12 años en prisión por esta y otras causas, está ya en régimen de tercer grado penitenciario y cuenta con un dispositivo de control telemático.
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional acordó a finales del mes de enero la progresión a tercer grado de Roca, «en la modalidad del artículo 86 TL», el cual recoge la posibilidad de poner a los internos el control fuera del centro con medios telemáticos.
Dicha resolución fue firme a principios de febrero, aunque tiene un proceso para hacerse efectiva, por lo que Roca está en régimen de semilibertad desde finales de dicho mes, según las fuentes, y va al Centro de Inserción Social (CIS) de Málaga cuando es requerido. Así, no regresa a dormir allí, al contar con ese mecanismo de vigilancia, según Europa Press.
En su resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional indicaba que el interno iba a compatibilizar la labor profesional con la de voluntariado, en concreto acudiendo al centro Nuestra Señora de la Merced, dependiente de Cáritas; aspectos que se están cumpliendo y que permiten continuar la actividad tratamental del interno.
Tras su jornada laboral vuelve a su domicilio familiar donde, según las fuentes, sigue trabajando y supervisa cómo siguen los bienes que tiene embargados, ya que no deja de acudir a los juzgados a reiterar que quiere seguir pagando la liquidación de sus responsabilidades civiles, según ha señalado a Efe uno de los magistrados que ha visitado Roca hace unos días.
El juez consideraba que con esto Roca «ha dado un paso más», ya que «de forma voluntaria y sin retribución alguna se ha ofrecido a colaborar» con dicha ONG, en concreto con ese centro que se encarga de ayuda a la reinserción de internos y exreclusos, a los que se les asesora de aspectos como formación, búsqueda de empleo y ampliación de habilidades sociales, entre otros.
Para la concesión de ese régimen de semilibertad, el magistrado tuvo en cuenta varios factores, como que tiene un actividad positiva para abonar las responsabilidades económicas a las que ha sido condenado, a través de la venta de bienes; además de que la conducta penitenciaria es «excelente», participando en la comisión de ayuda legal del módulo de respeto, entre otras.
Roca, que ingresó en prisión el 29 de marzo de 2006, ha tenido ocho permisos y más de 24 salidas de autogobierno, «todos ellos sin incidencia negativa alguna», señalaba el magistrado en un auto, apuntando que, además, ha aportado una oferta laboral y ha asumido la responsabilidad de sus actos.
El exasesor de Urbanismo ha sido condenado, además de por Malaya, por el caso Minutas, Saqueo I, Saqueo II y Belmonsa, entre otros, y está pendiente de otros cien procedimientos.
La sala de Málaga que ejecuta la sentencia del caso Malaya acordó en su momento la acumulación de varias condenas firmes que ya tenía y la refundición de las penas impuestas, «fijando la pena máxima a cumplir» en 20 años de prisión, que es el máximo legal establecido.
