Pozos ilegales como el de Totalán (Málaga) en el que cayó Julen hay miles en Andalucía, y su control administrativo es complejo porque se divide entre las administraciones autonómicas y central, con intervención de la Fiscalía cuando se comete un delito.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que abarca casi toda Andalucía, tiene contabilizados en los últimos dos años 943 expedientes administrativos por prospecciones ilegales de agua subterránea.
Esta administración, que depende directamente del Estado, no tiene contabilizados los pozos sin agua porque no son de su competencia, según precisó ayer un portavoz de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Estas prospecciones sin agua son competencia de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, un organismo de la Junta de Andalucía que no dispone de un registro andaluz de todos los pozos y que los contabiliza cada una de las ocho provincias de la comunidad. Una fuente de la nueva Consejería de Hacienda, Industria y Energía del Gobierno andaluz, que tiene las competencias de estos pozos, ha indicado que, en cualquier caso, se trata de miles de estas obras subterráneas. Más aún, fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, por su parte, lamentan que existan infinidad de pozos ilegales, y que cuando son precintados se vuelven a abrir porque los sellos no son eficaces.
La Fiscalía también añade que una perforación no tiene repercusión penal y solo conlleva una infracción administrativa y una multa, que además tarda en pagarse o no se paga nunca.
La intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente se produce cuando la extracción de agua es masiva, se hace en una zona protegida por su valor ambiental o afecta a un acuifero importante, lo que, por ejemplo, en Sevilla ocurre solo con dos casos. Uno de ellos, pendiente de enjuiciarse, afecta a un acuifero del entorno del Parque de Doñana, un juicio solo por duplicar la extracción de agua permitida, por lo que se piden penas de entre cuatro años y seis meses de prisión para cinco dueños de la finca y una multa de 1,9 millones de euros.
