Recio rechaza que se destruyeran papeles comprometidos de los ERE

Recio ha declarado como testigo en la pieza política de esta causa en la que se juzga a 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación. El exconsejero -que también estuvo inicialmente investigado en esta causa aunque el instructor que cerró la investigación la archivó para él- ocupó el cargo cuando a raíz del caso Mercasevilla, en cuyo ERE subvencionado por la Junta se hallaron intrusos (personas que se prejubilaron sin haber trabajado nunca en esa empresa) y ordenó una revisión de las ayudas de este tipo concedidas. Una revisión en la que según declaró el exdirector de Trabajo Javier Guerrero -uno de los principales acusados- «se acojonaron y se ha destruido documentación» ya que, según asegura, cuando él cesó en 2008 «los expedientes estaban intactos».

Recio subrayó que sus instrucciones al viceconsejero de Empleo Justo Mañas y al director de Trabajo Daniel Rivera fue que conformaran un equipo técnico para la revisión y que «en el momento que vieran cualquier ilícito, sin necesidad de consultarme, dieran traslado a la autoridad competente», insistió Recio.

Por su parte, la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, que también declaró ayer, aseguró que en su época (2008 a 2011) «venían de más arriba» órdenes para dar ayudas y ha descrito el caos que encontraron al llegar en la documentación de las dadas en la etapa anterior, ya que «no había solicitud» ni «expediente al uso».

Rofa -testigo clave en el caso ERE que aportó mucha documentación para la investigación- ha estado investigada en varias piezas separadas del caso -aún lo está en alguna- y antes de comenzar a responder preguntas ha destacado su colaboración «en todo lo que se me ha pedido» con «25 declaraciones» y aportando documentos para «explicar la situación de la Dirección General de Trabajo, donde viví situaciones de amenazas de mis superiores».

Cuando preguntó por la normativa que las regulaba, le explicaron que «lo que había era un convenio que se había firmado con IDEA», agencia pública a través de la cual se pagaban las ayudas con dinero que le enviaba Empleo. Un convenio que cuando lo vio le pareció «simple, un acuerdo de política de Gobierno pero no una cosa jurídica».

Según Rofa, detectaron que «había muchos más compromisos» de ayudas de la disponibilidad presupuestaria para el programa y «toda la deuda estaba vencida generando intereses» porque se habían incumplido los plazos de pago, lo que provocó muchas reclamaciones. Recordó cajas y archivadores en el despacho que ocupó Guerrero donde «no había un orden» y sí un «cúmulo de documentación» con «notas de reuniones» mantenidas para la negociación de los ERE, «borradores de lo que iba a costar la póliza» de renta para las prejubilaciones y «poco más». Era la documentación que hallaron sobre las ayudas pero «no había solicitud» ni «expediente al uso», insistió. Según Rofa, en su época todas las órdenes de pago iban firmadas por el viceconsejero de Empleo, un visto bueno que «según la rumorología» se implantó en época de Guerrero.