El presidente andaluz, Juanma Moreno, exigió ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que tenga «coherencia» con la posición que ha mantenido en otros casos de corrupción del PP, presentando incluso una moción de censura contra Rajoy, y defendió que «el caso ERE es del PSOE». Moreno, que intervenido este miércoles en varias entrevistas de radio y televisión, también reclamó explicaciones a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, quien en su opinión debe «asumir alguna responsabilidad» porque cuando fue presidenta andaluza «retiró» a la Junta del caso, se pidió el archivo y la libre absolución de los acusados y se pusieron «palos en las ruedas». Moreno la calificó además como «heredera» en el PSOE de Sevilla del exconsejero Viera, condenado a siete años de prisión, y en el Gobierno andaluz del expresidente Griñán, al que se le ha condenado con seis años de cárcel. En respuesta al presidente, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, insistió ayer en que las responsabilidades políticas por el caso de los ERE ya se han asumido, y advirtió a Moreno de que no van a «permitir lecciones de una persona que aparece en los papeles de Bárcenas».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, pidió también la dimisión por «coherencia y responsabilidad» tras la sentencia de los ERE de Susana Díaz y del máximo responsable del partido, Pedro Sánchez. Romero calificó esta caso como «el mayor escándalo de la democracia» en este país. «Ahora es el momento de ser coherentes y tanto Díaz como Sánchez tienen que dar la cara», argumentó Romero en rueda de prensa, en la que reclamó «credibilidad y responsabilidad» a la máxima responsable del PSOE andaluz, que «tiene que dimitir, estando a la altura de las circunstancias y siendo íntegra».

Finalmente, la coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, también pidió a Susana Díaz que por «decencia» dimita como diputada autonómica tras la sentencia del caso. Rodríguez esgrimió que bajo el mandato de Díaz (2013-2019), la Junta «decidió retirar» la acusación particular en la pieza política de los ERE, lo que implica -dijo- que «no se puedan pedir» responsabilidades civiles para recuperar el dinero malversado.