El PP presentará 39 alegaciones al decreto de la Junta para crear una oficina de prevención de la corrupción, porque según la portavoz popular de Empleo en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, será «un nuevo chiringuito para recolocar a cargos socialistas a través de puertas giratorias».

En rueda de prensa en Cádiz, Ruiz-Sillero ha presentado ese documento de alegaciones en el que lamenta que el Gobierno andaluz no haya tramitado la oficina para la prevención de la corrupción en Andalucía con rango de ley y sí lo haya hecho con un decreto.

Según el documento, «el Gobierno andaluz ha optado por silenciar el debate sobre la creación de esta oficina, lo que no dice mucho en su favor, y se haya preocupado más en poner en marcha una oficina para tapar la corrupción, no para prevenirla»,

«Como un proyecto de ley se daría participación a los agentes sociales en el trámite de comparecencias y se permitiría que todos los grupos parlamentarios participaran en la elaboración de la norma y, de esta forma, no se hurtaría un debate tan necesario en Andalucía marcada por los casos de la corrupción de los ERES o la formación profesional», ha añadido.

Para Ruiz Sillero, lo que pretende la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el modelo elegido para esta oficina es «crear una oficina a su medida para silenciar la corrupción de los gobiernos socialistas y que todo quede en casa».

La diputada del PP ha considerado que «no puede ser un nuevo chiringuito para recolocar a cargos socialistas a través de puertas giratorias; la oficina debe funcionar con la máxima transparencia, y no de tapadillo».

Igualmente, el PP ha propuesto que el sistema de elección de los miembros de la oficina no sea «a dedo», como recoge el decreto, que deja esta función en la Consejería de Hacienda.