La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero alertó ayer de la posible pérdida de unos 30 millones de euros de ayudas que la Junta de Andalucía concedió para cursos de formación para el empleo y que la Administración autonómica reclama ahora a las empresas adjudicatarias por una utilización irregular. Ruiz Sillero denunció en rueda de prensa que esta cifra, balance de los expedientes que ella ha podido investigar, es la suma de las reclamaciones de la Junta que las empresas han recurrido judicialmente por lo que, en su opinión, será «muy difícil» que se puedan recuperar para las arcas públicas.

Achacó esta posible pérdida de fondos públicos a la «negligencia y dejadez» con la que, en su opinión, ha actuado la Junta de Andalucía para reclamar estas devoluciones que, advirtió, «todas las empresas están recurriendo judicialmente». Como ejemplo denunció los 143.000 euros que la Junta reclama a la empresa Umax, que ahora está «en paradero desconocido» y a la que estuvo vinculado el ex director general de Empleo Francisco Guerrero, procesado por el fraude de los ERE.

Teresa Ruiz-Sillero opinó que la «responsabilidad política» de la presidenta andaluza, Susana Díaz, por las irregularidades en ayudas a cursos a la formación para el empleo no acaba con la próxima votación del dictamen elaborado por la comisión de investigación parlamentaria. Ruiz Sillero denunció que la votación de este dictamen -que previsiblemente apoyarán PSOE y Ciudadanos- será el miércoles porque ambos partidos «se han sometido a la agenda de Susana Díaz en su salto a la política nacional» y la han pospuesto al acto del domingo, en el que la presidenta andaluza anunciará su candidatura a la secretaria federal del PSOE.

«Los responsables políticos por el fraude en los cursos de formación dan para llenar un autobús para el acto de Díaz del domingo en Madrid», ironizó el también diputado popular Miguel Ángel Torrico. En opinión de ambos parlamentarios autonómicos, el dictamen de la comisión de investigación sobre estas irregularidades es incompleto, pues no analiza lo ocurrido desde 2012 hasta ahora, ha eludido investigar «hechos relevantes» y se ha cerrado sin que siquiera hubiera llegado la documentación requerida sobre algunos consorcios de formación o la Faffe.