La Junta de Andalucía ha abierto un procedimiento sancionador por una infracción «muy grave» en materia de seguridad minera al propietario de la finca de Totalán (Málaga) y a la empresa de perforación del pozo en el que cayó y murió el pequeño Julen el pasado mes de enero. El procedimiento sancionador se conoció tras la reunión que mantuvieron el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, con representantes de la Junta, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de tres confederaciones hidrográficas y de la Guardia Civil, para intensificar el control de los pozos ilegales. En rueda de prensa, Gómez de Celis desveló que la Junta de Andalucía había anunciado durante la reunión que se había presentado un procedimiento sancionador, aunque no especificó el alcance del mismo, algo que confirmaron a Efe fuentes de la Consejería de Hacienda, competente en materia de minas. La administración andaluza atribuye tanto al propietario de la finca, David Serrano Alcaide, como a la empresa que perforó el pozo la realización de una actividad regulada en la Ley de Minas.

Según el expediente abierto, la actividad se realizó «sin dirección facultativa» y con la «omisión de la aportación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas» y sin el proyecto correspondiente, aspectos exigidos en los artículos 108 y 109 del reglamento general de las normas básicas de seguridad minera. En este caso ha concurrido, según se desprende el expediente de la administración andaluza, «riesgo muy grave» para las personas «con resultado de muerte», lo que conllevaría una sanción de entre 300.000 y un millón de euros, según se recoge en la Ley de Minas.

Este expediente sancionador, que la normativa prevé que caduque en un año, se produce al margen de la vía judicial abierta tras la muerte de Julen y que está en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga. La Junta asumirá en su totalidad los 700.000 euros de coste del rescate de Julen como administración que es máxima responsable de las labores de emergencias en la comunidad.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunciaba también ayer la puesta en marcha de un plan «de choque» que se va a impulsar a nivel nacional desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil junto al resto de las administraciones competentes en la tarea del control de pozos ilegales --destinados a sondeos o a extracción de agua sin concesión-- para la inspección y denuncia de estas prospecciones, también en la comunidad andaluza. Gómez de Celis explicó que esta instrucción se divide en dos fases: la primera, del 1 al 15 de marzo, será para recabar información sobre la situación de los pozos en Andalucía; mientras que la segunda fase, hasta el 15 de septiembre, supondrá la intervención para elevar las posibles denuncias. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prevé cerrar a corto plazo 77 pozos ilegales en el acuífero de Doñana.