El abogado José Manuel García-Quílez, que defiende al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román en el juicio contra 21 exaltos cargos de la Junta acusados por prevaricación y malversación por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, solicitó ayer al tribunal de la Sección Primera una sentencia dictada «sin influencias políticas» que haga justicia y «obvie consecuencias políticas y mediáticas», al tiempo que pidió a los magistrados que olviden la sentencia de la Gürtel que condenaba al PP como partido y «que no traten de compensar, pues esto no es un cambalache», dijo.

De esta manera concluyó ayer su informe final el abogado defensor de Rodríguez Román, que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por dos delitos continuados de prevaricación y malversación. Así, el letrado echó en falta que «alguien contara qué ha pasado en este asunto» y ve necesario «desmontar los mantras» del caso, aludiendo, como ya dijera el expresidente de la Junta Manuel Chaves, que los ERE eran «una cuestión de unos cuantos golfos, presuntos golfos».

«Es cierto que quizás fueron más de cuatro», añadió, recordando que la «macrocausa ingobernable» se dividió, en contra del criterio de la instructora Mercedes Alaya, en piezas separadas, con lo que no solo se buscó juzgar a esos «presuntos golfos, intrusos, intermediarios de las pólizas y empresarios, sino también a los políticos que permitieron ese mangazo».

Por su parte, el abogado Pedro Apalategui, que ejerce la defensa del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá en este juicio, rechazó el papel del Parlamento de Andalucía «de tonto útil a las pérfidas intenciones» del Ejecutivo andaluz. De esta manera la defensa de Barberá, viceconsejero entre abril de 2004 y abril de 2010 y que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación como presunto autor de sendos delitos, se opone a la tesis acusatoria, sustentada en la posición de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), de que el Gobierno de la Junta indujo a error a los parlamentarios para que aprobasen los presupuestos año a año. Barberá se adhirió a la impugnación de la prueba pericial, señalando que el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, debe «desterrar» todos los juicios de valor emitidos por el portavoz de los peritos de la IGAE, Ángel Turrión, sobre las actuaciones de cada acusado. También reseñó la «inconcreción» de las acusaciones con respecto de Barberá, apuntando que el tribunal «no puede rellenar los huecos» que éstas han dejado en «los hechos recogidos en sus escritos».