El Parlamento de Andalucía previsiblemente aprobará el proyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía en la sesión del Pleno de este próximo miércoles, a través de tramitación directa y en lectura única.
Este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno a finales de junio con el objetivo de sustituir al vigente desde 2001 para adaptar la legislación andaluza a la regulación básica estatal de estas corporaciones de derecho público y reforzará su papel como prestadoras de servicios públicos a las empresas.
El proyecto de ley subraya la importancia de las cámaras y garantiza la adecuada representación de todos los sectores económicos en sus órganos de gobierno. Asimismo, impulsa la coordinación intercameral y su representación a través del Consejo Andaluz de Cámaras.
Además de fomentar la labor de las cámaras como prestadoras de servicios, en particular a las pequeñas y medianas empresas, el texto normativo aprobado por el Ejecutivo andaluz impulsará el carácter dinamizador de las cámaras en la expansión nacional e internacional de las empresas, así como en la mejora de su competitividad.
La norma incluye también diversas fórmulas de financiación pública de las funciones público-administrativas de las cámaras andaluzas, incluyendo una memoria económica de 3.490.000 euros.
El proyecto de ley se ha trabajado de forma conjunta con el Consejo Andaluz de Cámaras, las 14 cámaras andaluzas y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Ello ha permitido consensuar un texto legal que viene a regular un modelo cameral sostenible que dé respuesta tanto a sus necesidades como a las del sector empresarial.
El proyecto de ley incide en la transparencia de estas instituciones, a fin de que en todo momento se tenga información acerca de su actividad, las funciones que realizan y su adecuación a la normativa correspondiente.
Así se establece que la contratación y el régimen patrimonial de las cámaras han de garantizar las condiciones de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación y que las cuentas del organismo sean depositadas en el Registro Mercantil y sean objeto de publicidad. También harán públicas las subvenciones y recursos públicos percibidos, así como las retribuciones e indemnizaciones percibidas anualmente por su personal.
Por otro lado, la norma refleja la obligatoriedad de las cámaras de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras de elaborar un código de buenas prácticas que garantice la imparcialidad y la transparencia en el desarrollo de sus funciones público-administrativas.
Además, se implantará una ventanilla única empresarial destinada a la simplificación administrativa en los procedimientos para el inicio y desarrollo de actividades económicas y empresariales, así como se establecerán acuerdos de colaboración para acercar la investigación a las empresas y favorecer la transferencia de conocimientos que apoyen la innovación y la formación especializada.
Finalmente, destaca el amplio elenco de funciones público-administrativas que se atribuyen a las cámaras, algunas novedosas como las relativas a la mediación y arbitraje mercantil, o el ámbito territorial de las cámaras, donde se mantiene la obligación de existencia de al menos una por provincia.
