El PP, Ciudadanos y Vox han convalidado en el Parlamento andaluz el decreto ley que regula la concesión de subvenciones a pymes y autónomos para el pago de gastos financieros por préstamos avalados hasta en un 100 % de la Junta, a través de la sociedad Garántia y de la agencia IDEA.

El decreto ley, rechazado por el PSOE y Adelante, permite a pymes y autónomos no pagar costes financieros por los préstamos avalados durante el primer año, informa Efe.

Se trata de una aportación de 51 millones, con carácter ampliable, de ayudas que se destinarán de forma preferente a los sectores de la economía productiva "más castigados" por la situación de alarma, según el consejero de Hacienda, Juan Bravo.

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Tras la declaración del estado de alarma, Andalucía puso a disposición de pymes y autónomos 56 millones de euros que permitían obtener los avales necesarios para que éstos pudieran suscribir operaciones financieras por un importe total de hasta 600 millones de euros.

Paralelamente, en el decreto se implementan las medidas jurídicas necesarias para atender la demanda de autónomos y mutualistas, y ofrecerles así microcréditos de entre 9.000 y 15.000 euros que se tramiten con la máxima agilidad y con reducción de la documentación.

"El decreto es un buen ejemplo de la alianza público-privada que está impulsando el Gobierno andaluz y que lealmente están apoyando la mayoría de los grupos. Así la administración es más útil", ha asegurado.

A juicio del consejero, es otro paso para procurar que empresas y autónomos "tengan" liquidez suficiente y mantengan el empleo.

Sin embargo, el socialista Manuel Jiménez Barrios ha calificado el decreto de "extraño y difícil de entender", al tiempo que ha criticado la "diarrea" legislativa del Gobierno andaluz.

"Se trata de pagar los créditos, los gastos y las comisiones a los bancos", ha denunciado Jiménez Barrios, que ha advertido de que las ayudas a las empresas se conceden "sin concurrencia competitiva y fiscalización previa".

Para José Ignacio García, de Adelante Andalucía, el decreto supone un "regalo de 51 millones" de dinero público a las entidades bancarias para que "paguen comisiones" los que piden el crédito, por lo que cree que es una "barra libre sin condiciones sociales" y ha pedido facilitar créditos sin intereses mediante una banca pública a autónomos y pymes.

Rodrigo Alonso (Vox) ha considerado positivas las medidas pero ha avisado que supondrán una carga financiera a largo plazo para los receptores de las ayudas y ha recordado a la Junta que el tejido productivo lo que "pide" son fondos no reembolsables.

El diputado del PP-A, Ramón Herrera, ha defendido que el decreto pretende mantener miles de empleos en la comunidad, ha considerado "innecesario" mantener el estado de alarma y cree que el Gobierno central está "superado" por la crisis.

Fran Carrillo (Ciudadanos) ha esgrimido que el decreto da "soporte y respiro" económico de emergencia a los autónomos y pymes, y ha criticado la "deslealtad" de la oposición desde el comienzo de la pandemia.