Los órganos judiciales ingresaron en 2018 1.209.533 asuntos -un 1% menos que el año anterior- en Andalucía, comunidad que se mantuvo con la segunda tasa de litigiosidad más alta de España, 145,1 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Durante la presentación de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA), su presidente, Lorenzo del Río, destacó ayer en Granada que los juzgados y tribunales de su ámbito resolvieron casi todos los asuntos que ingresaron, aunque a final de año quedaron pendientes un total de 559.029. Esto supuso un incremento del 10% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2017 y, pese a que los órganos judiciales siguieron un buen nivel de laboriosidad, la carga total de trabajo siempre es superior a lo resuelto, informa Efe.
Según Del Río, estas cifras manifiestan un porcentaje de carga de trabajo «demasiado elevado» para los actuales recursos personales y un «defectuoso» sistema organizativo, que es «sumamente deficitario y rígido», lo que demuestra que el sistema de justicia se encuentra «claramente congestionado». Ante este panorama, defendió la mediación como instrumento complementario frente a esa elevada litigiosidad y congestión actual del sistema judicial, y abogó por la «cultura de paz» frente a otra basada en el pleito.
AGRUPAR PARTIDOS JUDICIALES / También reiteró la urgencia de acometer una propuesta organizativa que permita agrupar partidos judiciales limítrofes y cercanos, que supere la actual «atomización» y que comparta los recursos personales e infraestructuras para una mayor eficacia y eficiencia del servicio público.
Según la memoria, en 2018 los andaluces continuaron siendo de los que más litigaron en los tribunales y la comunidad se situó un año más en los puestos de cabeza en número de asuntos ingresados a nivel nacional, con un porcentaje superior en un 22% al de la litigiosidad estatal, que alcanzó un total de 5.584.704. Mientras que la tasa en el conjunto del Estado fue de 128,2 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del TSJA fue de 145,1, la segunda más alta de España. En el número global de asuntos se mantuvieron los procedimientos penales como los supusieron cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 59% del total. En el otro extremo se situó el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 6%) y contencioso administrativa (un 4%), mientras que la jurisdicción civil supuso un 31% del total de asuntos ingresados.
Durante 2018 bajaron los asuntos ingresados en las jurisdicciones penal y social y subieron en la civil y contencioso-administrativo, de modo que la jurisdicción social ingresó un 2% de asuntos menos que el año anterior, lo que rompió la línea ascendente de 2017, mientras que la penal ingresó un 5% menos que el año anterior. La jurisdicción contencioso-administrativa sufrió en cambio un aumento del número de asuntos registrados de un 16%, lo que rompió la tendencia del año anterior que bajó un 8%, aunque este aumento considerable se debió singularmente a procesos en materia de extranjería. Estos asuntos significaron el 24% del total nacional, dato que indicó que también se sigue a la cabeza de la tasa de litigiosidad.
CONTRATOS DE FINANCIACIÓN / La jurisdicción civil ingresó un 10% más de asuntos y continuó la tendencia al alza desde el incremento del 4% del pasado año, que obedeció a la litigiosidad derivada de las reclamaciones en materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. La estadística creció «desorbitadamente» en Andalucía, donde hubo un registro de 45.948 procedimientos durante 2018, con la siguiente distribución por provincias: Almería (3.003), Cádiz (6.808), Córdoba (4.681), Granada (4.722), Huelva (4.127), Jaén (4.835), Málaga (7.333) y Sevilla (10.439).
