El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha informado este jueves en el Parlamento de que la futura Ley de Función Pública incorporará en el contenido de las pruebas de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía una conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las funciones y tareas asignadas a los puestos de trabajo convocados.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, Bendodo ha señalado que sería apropiado la disminución de la importancia de las pruebas basadas en la mera exposición memorística, de manera que se incorporarán otras que acrediten las competencias necesarias para los nuevos puestos de trabajo, con posibilidad de que el acceso se condicione a la realización y superación, en su caso, de un curso de formación o especialización, o de un periodo de prácticas.

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de las competencias, capacidades y conocimientos y capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita; las habilidades cognitivas de los candidatos, o en la realización de ejercicios prácticos y simulaciones que demuestren la posesión de habilidades y destrezas o cualquier otra aptitud relacionada con el desempeño de funciones.

Igualmente, se podrán basar en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y de las tecnologías de la información y la comunicación, que podrán acreditarse mediante pruebas realizadas al efecto o a través de los sistemas que se determinen reglamentariamente.

El consejero de la Presidencia ha explicado que este cambio pretende evitar que profesionales muy valiosos puedan desistir a la hora de prepararse las pruebas por estar muy focalizadas en la evaluación de conocimientos de tipo teórico, en la medida en que consideren excesivo el tipo de esfuerzo memorístico que hay que realizar, además de incompatible habitualmente con el desarrollo de una actividad profesional. También ha hecho hincapié en el coste que una preparación muy intensa en tiempo y en recursos económicos supone, lo que incide también inevitablemente sobre el perfil socioeconómico de los candidatos en la medida en que se trata de un coste que recae en exclusiva sobre ellos.

Esta nueva perspectiva se alinea con las nuevas técnicas de gestión de recursos humanos que se recoge en la ley: competencias, modernos sistemas de selección, ámbitos funcionales, carrera profesional horizontal, dirección pública profesional y evaluación del desempeño.

Bendodo ha explicado que el sistema selectivo se regulará en la futura Ley de la Función Pública de Andalucía, cuya redacción se está ultimando con los grupos de trabajo creados al efecto con participación de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez ha manifestado que se ha conocido por los medios de comunicación que la Junta plantea cambios en las oposiciones y que dejarán de ser sólo una prueba de memoria, mientras que los sindicatos han señalado que las pruebas deberán medir más habilidades y competencias que la memoria. Ha indicado que el PSOE-A defiende que hay que repensar el modelo de acceso a la función pública y no tiene "sentido que la memoria sea el único calificativo para poder acceder a una plaza".