El secretario general del PP de Granada, Pablo García, exigió ayer explicaciones al PSOE y a la Junta por las supuestas contrataciones irregulares en la Alhambra, que motivaron el martes la detención de 24 personas (ayer eran ya 26) y que ha enmarcado en la «red clientelar» en la que, dice, basan su gestión. El dirigente provincial del PP valoró «con indignación, vergüenza ajena y mucha preocupación» la supuesta existencia, según la Policía Nacional, de una trama criminal organizada que, desde el Patronato de la Alhambra, adjudicaba contratos a una serie de empresas a las que abonaba los trabajos concertados sin que presuntamente llegaran a realizarse. Entre los arrestados figura la exdirectora del Patronato de la Alhambra María del Mar Villafranca, que, según ha recordado hoy García, fue secretaria de Educación y Cultura de la Ejecutiva Federal del PSOE en 2014.

Por su parte, Ciudadanos (Cs), socio de investidura del PSOE-A, anunció ayer que registrará en el Parlamento andaluz una petición de comparecencia del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. Así lo anunció el presidente y portavoz de Cs en el Parlamento, Juan Marín, quien señaló que Vázquez tiene que dar explicaciones sobre «qué viene sucediendo», desde hace ya bastante tiempo. Marín señaló que el hecho de que se hayan producido esas detenciones requiere de las explicaciones oportunas en sede parlamentaria por parte del Gobierno andaluz.

Por otro lado, el secretario provincial del PSOE de Granada y presidente de la Diputación, José Entrena, calificó de «excesiva» la «puesta en escena» del martes con la veintena de detenciones practicadas por la Policía Nacional por supuesto fraude en el sistema de contrataciones del Patronato de la Alhambra. Entrena señaló, a preguntas de los periodistas, que respeta la acción judicial y que es «el primero» en querer que se conozca «lo que ha pasado y si ha habido alguna irregularidad o algún elemento que se haya hecho mal» para que, en ese caso, actúe la justicia. Pero trasladó su consideración, «personal y política», de que la «puesta en escena» fue «excesiva». La Policía cifró en siete millones de euros el dinero presuntamente defraudado por esta «trama organizada» a cuyos miembros atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a la administración, malversación y tráfico de influencias en una serie de contratos entre los años 2007 y 2015 a ocho empresas que «se comprometían a contratar a una red clientelar».