El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, entidad que velará por el uso adecuado de la colaboración público-privada en el ámbito de la Junta y por el carácter excepcional de los contratos de asociación. Dichos contratos se ceñirán a inversiones inaplazables y sin sobrecostes excesivos, según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco.

De acuerdo con el decreto, que se adapta a la normativa estatal sobre la materia, la oficina estudiará la viabilidad de los proyectos en los que participe el sector privado y que supongan comprometer recursos de la Administración andaluza y sus entes instrumentales. Para ello, evaluará la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y de gestión de servicios públicos, con carácter previo a la licitación de los contratos, y emitirá un informe que tendrá carácter preceptivo y vinculante.

Asimismo, informará de las inversiones de la Junta que se ejecuten a través de la fórmula de colaboración público-privada (denominadas «de asociación» en las nuevas normativas europeas), con el fin de mejorar su calidad y racionalizar la asignación de los recursos públicos. El nuevo órgano actuará bajo los principios de defensa de los intereses generales, eficiencia y economía que deben regir la programación y ejecución del gasto público. Los informes serán vinculantes, de modo que los órganos de contratación públicos no podrán apartarse de su sentido, y todos serán publicados en la página web de la Consejería de Hacienda.